Mejora un 14% la transparencia de las entidades reguladoras y supervisoras
El informe del Consejo de de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) muestra que el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIB) por parte del conjunto de las entidades evaluadas se ha incrementado en un 14% respecto al registrado en la evaluación anterior. En concreto, el Índice de Cumplimiento de la Información Obligatoria (ICIO) 2022 ha sido de un 89,3%, frente al 78,2% de 2021.
En la revisión del cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo realizó a estas entidades en 2021, el informe constata que han sido aplicadas en un 62,5%.
Según apunta el CTBG, “bastaría con aplicar algunas de las recomendaciones efectuadas para conseguir niveles de cumplimiento más elevados”.
El organismo destaca que existe una gran variabilidad entre las instituciones evaluadas. Cuatro de ellas presentan niveles de cumplimiento iguales o superiores al índice de cumplimiento medio, con valores que oscilan entre el 90 y el 100%, una de ellas alcanza un 100% de cumplimiento y otra supera el 99%. Entre las entidades que se sitúan por debajo del cumplimiento medio, los niveles alcanzados son del 82,1 y del 74,1%.
Los organismos evaluados en este informe son el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
El CTBG destaca en sus conclusiones que, aunque respecto de 2021 ha mejorado la presentación de la información y su estructuración, todavía algunas de las instituciones siguen publicando información obligatoria al margen del Portal de Transparencia, lo que dificulta su localización.
Y añade que todas las informaciones obligatorias deberían publicarse en el Portal de Transparencia. En el supuesto de que una información se encuentre publicada en otro lugar de la web institucional, debería enlazarse a ella desde el Portal de Transparencia, ubicando dicho enlace en el bloque de información al que pertenezca, apunta.
Según consta en el informe, en promedio se publica casi el 93% de las informaciones obligatorias aunque existen diferencias entre bloques de información y variabilidad entre las instituciones evaluadas.
Mientras en el bloque de Información de relevancia jurídica y en el bloque de información patrimonial se publica el 100% de los contenidos obligatorios, en el bloque de Información Institucional, Organizativa y de Planificación esta proporción disminuye ligeramente situándose en el hasta el 98,7% y en el bloque de Información Económica y Presupuestaria la proporción de contenidos obligatorios publicados disminuye hasta el 88%.
Los contenidos que en menor medida se publican son las modificaciones de los contratos adjudicados y la información sobre compatibilidades, básicamente por la falta de información sobre las autorizaciones para el ejercicio de actividades privadas tras el cese de altos cargos.
Publicación de contenidos
Respecto de 2021 se observa una evolución positiva en cuanto a la publicación de contenidos, según refleja el informe. El mayor incremento se produce en el bloque de información Económica, Presupuestaria y Estadística – 12,4 puntos porcentuales – mientras que en el bloque de Información Institucional, Organizativa y de Planificación alcanza 7 puntos porcentuales. Los dos restantes bloques de obligaciones permanecen estables porque en 2021 ya se publicaba la totalidad de las informaciones obligatorias.
Algunas de las instituciones en sus informes de observaciones, han indicado como causa de la falta de publicación de algunas informaciones que no existía información que publicar por no haber habido actividad en ese ámbito concreto.
Por otra parte, al igual que en el caso de los órganos constitucionales, el CTBG se congratula en su informe de que sus indicaciones “hayan contribuido a potenciar el cumplimiento de la Ley de Transparencia”.
No obstante, para aquellos órganos que aún no han logrado aproximarse al pleno cumplimiento, se formulan una serie de recomendaciones específicas dirigidas, fundamentalmente, a facilitar a los ciudadanos y ciudadanas la localización, la accesibilidad y la comprensión de la información pública.
