La ley de información no financiera no mejora la transparencia de las empresas - Revista Haz

La ley de información no financiera no mejora la transparencia de las empresas

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa asegura que, tras tres años de vigencia, la ley de información no financiera no consigue mejorar la calidad de la información sobre sostenibilidad que presentan las empresas del IBEX 35.
HAZ19 mayo 2022

El Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado su informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales en las empresas del IBEX 35, referente al ejercicio 2020, en el que se señala que no se aprecian grandes avances en la información no financiera que aportan las empresas.

El informe, que analiza la calidad de la información no financiera reportada por las empresas del IBEX 35 en siete áreas (buen gobierno, lucha contra la corrupción, fiscalidad, derechos humanos, derechos laborales, medioambiente y clientes y consumidores), pone el foco en el impacto que la Ley 11/2018 de información no financiera y diversidad ha tenido en el reporte de estas empresas.

Desde que entrara en vigor la ley en 2018, la valoración global sobre la calidad de la información que reportan las empresas del IBEX 35 ha mejorado, pasando de 26,88 puntos sobre 100 en el año 2017 a 39,72 en 2020. Sin embargo, a pesar de esta mejoría, sin embargo, aún están las empresas del IBEX 35 muy lejos de alcanzar la calidad pretendida por la norma.

Según Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC «Pese a este ligero avance, las conclusiones del estudio evidencian importantes carencias que plantean la necesidad de mejorar el marco regulatorio y la supervisión con relación a su cumplimiento».

Y añade que «Contar con una información no financiera comparable, fiable, material y relevante es uno de los fundamentos para conseguir los objetivos marcados por Europa y España que a través de distintas estrategias y planes persiguen virar nuestra economía hacía un modelo sostenible.»

Según este estudio, las cinco primeras empresas en el ranking son Iberdrola, Endesa, REC, Acciona y Banco Santander. Mientras que las cinco últimas empresas son Solaria, IAG, Almirall, ArcelorMittal y Acerinox.

Las empresas del IBEX 35 aportan información más completa en las áreas de clientes y consumidores, seguido de los aspectos laborales y de medioambiente. Por el contrario, las áreas con menor grado de transparencia son las relacionadas con los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

El estudio analiza la información no financiera del 2020, en los meses en los que el impacto económico generado por la pandemia ha sido más relevante. En un contexto en donde los resultados de las empresas se vieron minorados y el Estado respondió con diversas medidas de apoyo económico a las empresas, sería consecuente que las empresas del IBEX 35 también adoptaran medidas de responsabilidad económica. Sin embargo, solo seis empresas informan no haber realizado reparto de dividendos durante el 2020. Estas empresas son AENA, Amadeus, ArcelorMittal, IAG, Indra y Melià Hotels.

Con relación a la retribución global de los consejeros, 23 de las 35 empresas del IBEX 35 experimentó una disminución con respecto al año anterior, llegando seis de ellas a una disminución superior al 30%. Sin embargo, la retribución media devengada por el conjunto de los consejeros de empresas pertenecientes al IBEX 35 en 2020 se situó en 735.000 euros anualeslo que supone un incremento de 25.000 euros anuales por consejero respecto a 2019, de acuerdo con el Informe Anual de Remuneraciones de los consejeros de las Sociedades Cotizadas de la CNMV.

La tendencia creciente sobre una mayor regulación de la responsabilidad de los consejeros en términos sociales y medioambientales ha incidido en que más empresas, 20 en 2020, informen sobre objetivos sociales, medioambientales y de buen gobierno (ASG) en sus sistemas de incentivos a través de la remuneración variable. Sin embargo, es anecdótica la presencia de consejeros con conocimientos y experiencia en integridad y RSC, siendo solo cinco empresas las que cuentan con estos perfiles.

Sin avances en la debida diligencia en derechos humanos

La información que aportan las empresas del IBEX 35 sobre la gestión de los impactos sobre los derechos humanos sigue siendo el área peor valorada del análisis.

Un año más se constata las buenas intenciones de respeto de los derechos humanos pero que quedan huecas si no van acompañadas de procedimientos de gestión, según señala el Observatorio.

Mientras que la mayoría de las empresas cuentan con políticas formales de respeto de los derechos humanos, solo 11 llevan a cabo un proceso de identificación de riesgos ligados a su actividad, y siete informan sobre procedimientos para evaluar estos riesgos.  La identificación de riesgos constituye el primer paso de un proceso de debida diligencia y será exigido por la futura directiva de debida diligencia en derechos humanos y empresa.

Para afrontar las próximas obligaciones que las empresas van a tener que acometer en materia de sostenibilidad, es una mala noticia comprobar que las empresas españolas no abordan en su información estas cuestiones de manera suficiente, apunta el informe.

La información sobre lucha contra la corrupción

En su estudio, el Observatorio destaca que solo ocho empresas del IBEX 35 señalan riesgos específicos en materia de corrupción y baja a siete las que aportan información sobre la realización de una evaluación de riesgos de corrupción a lo largo del año 2020. La mayoría se limitan a mencionar «controles» en materia de compliance, sin reportar hasta qué punto suponen una evaluación de riesgos.

Ninguna empresa identifica, entre los países en los que tiene presencia, aquellos que presentan un mayor riesgo de corrupción. Las empresas que más presencia tienen en países de riesgo extremo y riesgo alto en corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2020 (Inditex, 49 países; Amadeus, 42; Indra, 40; ArcelorMittal, 34; Siemens Gamesa y ACS, 29), facilitan escasa información sobre cómo han afrontado estos riesgos en 2020.

Según el informe, persiste un incumplimiento reiterado de las obligaciones de la Ley de Transparencia, pues solamente 3 de las 26 empresas que son sujeto obligado, tienen apartados específicos de transparencia en su web corporativa, con diversos grados de exhaustividad y limitaciones en cuanto a la información sobre subvenciones y contratación pública.

La emergencia de la covid-19 supuso la agilización de los procedimientos para la contratación pública o el apoyo a las grandes empresas. En este contexto la transparencia tanto de las instituciones contratantes (o bien concedentes de diversos apoyos financieros), como de las empresas beneficiarias tiene que ser máxima y con información adecuada en cuanto a las características, importes y condicionalidades de las ayudas o contratos obtenidos en el contexto de la emergencia sanitaria.

En el periodo de 2020, 7 empresas del IBEX 35 fueron beneficiarias (subvenciones o préstamos), pero solo 4 reportan específicamente los importes recibidos por dichos conceptos. Ninguna informa sobre la contratación por vía de emergencia, de la que se habrían beneficiado 7 de las 35 empresas entre marzo y diciembre de 2020, de acuerdo con la organización Civio. 

La ley no provoca mayores marcos de transparencia

Las empresas del IBEX 35 han registrado un bajo nivel de cumplimiento de las disposiciones de la Ley 11/2018 durante el ejercicio 2020, de acuerdo con la metodología empleada por el Observatorio de RSC, por lo que no se puede afirmar que esté teniendo un impacto significativo en la transparencia en su tercer ejercicio de aplicación, según afirma el Observatorio.

La falta de criterios específicos sobre la información a reportar limita en gran medida la eficacia de la Ley y es sin duda un factor relevante a la hora de explicar los bajos resultados y debería ser abordado con urgencia por parte de las autoridades competentes. Pero estas circunstancias no excusan la falta de transparencia sobre la gestión de los riesgos, apunta el informe.

La experiencia de los ejercicios 2018 y 2019 debería haber servido tanto a los reguladores como a las propias empresas para corregir la indefinición en torno a la información que deben reportar en el marco de esta Ley, según el estudio.

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