Rompiendo la ley del silencio de la corrupción - Revista Haz

Rompiendo la ley del silencio de la corrupción

La lucha contra la corrupción es una misión histórica a nivel mundial, pues ya en la época romana tuvieron que enfrentarse a este problema dentro de su administración. En la actualidad, una de las principales herramientas que se ha desarrollado para tratar de erradicarla es el fomento de la cultura de la transparencia y abrir las instituciones a la ciudadanía, de manera que el escrutinio público sirva como aliciente para que las autoridades y funcionarios actúen honestamente, anteponiendo el interés general al beneficio propio.

No obstante, estas medidas a veces necesitan refuerzos, como ha demostrado el último Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional. Este estudio ha revelado que España retrocede en la lucha contra la corrupción y uno de los motivos es que va con retraso con la transposición de la directiva europea para proteger a los alertadores del fraude y la corrupción. Aunque está trabajando en ello, y a principios de marzo de este año, el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley para proteger a las personas que informen sobre corrupción.

Con esta nueva norma se pretende evitar las represalias hacia las personas que sean testigos o tengan evidencias que les permita denunciar casos de corrupción, delitos o infracciones tanto dentro del sector público como del privado.

Por otra parte, aunque España no esté adaptada al marco legal que le señala la Unión Europea, dentro de sus instituciones se encuentran algunos organismos que desde hace unos años tienen entre sus funciones prevenir y luchar contra el fraude y la corrupción. Algunas de estas entidades son el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude -SNCA-, de la Intervención General de la Administración del Estado, y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana.

Revista Haz ha hablado con ambos organismos para saber las causas de este fenómeno y por qué persiste dentro de la Administración pública española, así como los mecanismos que están a disposición de la ciudadanía para combatirla, además de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, que no siempre son armas lo suficientemente poderosas para disuadir de las malas praxis.

¿Por qué se comete fraude?

Según explica Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, existen “multitud de razones y circunstancias” que llevan a que se den “estas anomalías”, pero como principal causa señala la tradición de “una cultura donde determinadas conductas y comportamientos se producían y no pasaba nada”.

En España se ha permitido la impunidad de ciertas prácticas bajo el concepto de “esto se venía haciendo así”, y esto,  afirma Llinares, es “lo más complicado de erradicar”, cambiar la mentalidad de ciertos políticos o responsables públicos.

Por otra parte, cabe señalar que cuando se habla de fraude, se refieren al delito que se comete por quienes deben velar por el cumplimiento de los contratos públicos o privados, para conseguir algún beneficio propio en contra de los intereses de otros. Se diferencia de las irregularidades en que éstas no tienen intencionalidad y pertenecen al ámbito de lo administrativo, mientras que el fraude es un acto ilícito que conlleva un procedimiento por vía penal.

En España se ha permitido la impunidad de ciertas prácticas bajo el concepto de “se venía haciendo así”, y esto es lo más complicado de erradicar, según Joan Linares, director de la Agencia Valenciana Antifraude.

Según fuentes del Servicio Nacional de Coordinación de Antifraude,  las posibles razones por las que se comete fraude, generalmente, vienen dadas por tres tipos de elementos:

1- La oportunidad: existe cuando las condiciones del entorno – ya sean legales, de procedimientos, etc.- facilitan la oportunidad de que se cometa este tipo de actos, porque apenas existen consecuencias o, si las hay, son mínimas.

2- La racionalización: este elemento está relacionado con la cultura ética del entorno y es la que permite a la persona justificar el fraude porque llega a considerarlo como un “acto aceptable o incluso, justo”, según las circunstancias.

3- La presión: es el conjunto de elementos que inciden sobre el propio individuo y su contexto personal que le lleva a cometer el fraude.

Como señala Llinares: “el corrupto no nace, se hace a partir de unas circunstancias”, que desde la Agencia las denominan como riesgos y deben asumirse mediante un estudio o análisis para, posteriormente, elaborar los mapas de riesgos de la corrupción, y a partir de ellos cada administración debe confeccionar sus planes de medidas antifraude.

Los ámbitos de alto riesgo

Según la experiencia investigadora del SNCA, los casos más recurrentes de fraude en la Administración española son aquellos en los que el supuesto infractor es beneficiario de una subvención financiada con fondos europeos, siendo “en su mayor parte entidades privadas y particulares”, afirman para Revista Haz.

El último informe disponible del Servicio -el Informe Anual de OLAF del año 2020-, basado en las investigaciones realizadas en todo el territorio de la UE, identifican como las tendencias más frecuentes los fraudes relacionados con: conflictos de intereses entre beneficiarios y contratistas en el ámbito de la contratación pública; la emisión de facturas falsas o infladas, y los conflictos de intereses en el ámbito de la financiación del desarrollo agrícola y rural; y el fraude en la financiación de la investigación.

Los casos más recurrentes de fraude en la Administración española son aquellos en los que el supuesto infractor es beneficiario de una subvención financiada con fondos europeos, según el Servicio de Coordinación Antifraude.

Asimismo, Llinares concuerda en que una de las conductas reprochables que se dan con más frecuencia es la adjudicación de contratos públicos mediante procesos no publicitados para beneficiar a círculos cercanos o familiares de las autoridades adjudicatarias, o a empresas que se acercan a los políticos a cambio de favores, regalos, o comisiones.

Por otra parte, en 2021 la mayoría de denuncias y alertas que recibió la Agencia valenciana estaban relacionadas con la gestión de recursos humanos, especialmente con el acceso a la función pública. En este sentido, Llinares afirma que están actuando para garantizar que el acceso sea “de manera limpia” y que entren personas profesionales y competentes, con un claro compromiso de servidores públicos, evitando la colocación de “personas que terminan debiéndole el empleo público al alcalde o al director general de turno”.

Rompiendo la “ley del silencio”

Cuando la transparencia, los códigos éticos y los planes de estrategia antifraude no logran alcanzar los objetivos de prevención de la corrupción, los conflictos de interés y la doble financiación, tanto el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, como la Agencia valenciana, coinciden en la necesidad de tomar medidas “reactivas” a la corrupción, como son los canales de denuncias y establecer las protecciones pertinentes para las personas denunciantes.

Llinares afirma que “uno de los grandes problemas que hemos tenido durante tantos años es la ley del silencio” que se da en torno a la corrupción. Según el director de la Agencia Antifraude, en estos casos la principal víctima es el denunciante porque sobre él caen todas las represalias.

Esta situación proporciona la “idea de impunidad” a los corruptos, porque su entorno, aunque sepa lo que está sucediendo, nadie se atreve a decir nada por miedo a las consecuencias y la percepción de que la denuncia no sirve para nada.

Gracias a la Agencia esta situación está cambiando y, ahora, cualquier persona sabe que hay instituciones donde pueden denunciar o alertar de malas conductas con “absoluta tranquilidad”, porque es la agencia quien presenta todos los datos y pruebas ante los tribunales, o inicia el procedimiento sancionador. Por lo tanto, “liberan” a la persona de actuar como testigo, manteniendo así su anonimato.

900
denuncias y expedientes

ha tramitado la Agencia Valenciana Antifraude desde que en 2017 inició su actividad. Más del 80% de las denuncias las recibe a través del buzón de su web.

Desde 2017 que inició su actividad, la Agencia suma más de 900 denuncias y expedientes, y a medida que se ha ido dando a conocer entre la sociedad valenciana, el número de denuncias también ha ido aumentando cada año, sobre todo, a partir de 2018 cuando activó el buzón de denuncias a través de su página web, ya que más del 80% de las denuncias que reciben es a través de este canal electrónico.

No obstante, desde la Agencia insisten en que el principal objetivo es apostar por los planes de integridad y que todas las administraciones públicas tengan aprobados sus mapas de medidas antifraude, porque según afirma Llinares “la corrupción es un riesgo que está latente en  cualquier administración y produce un enorme daño a la credibilidad y a los servicios públicos”, pues según los estudios supone una cifra importante de los presupuestos por no cumplir con la transparencia y las normas de buena gestión.

“Nos gustaría que en los próximos años, nos acercáramos a los países europeos que constituyen buenos ejemplos de gestión pública, porque todavía estamos un poco alejados, y por eso es por lo que estamos trabajando”, concluye el director de la Agencia valenciana para Revista Haz.

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