La sociedad civil latinoamericana participa en el cambio de constitución chilena

Como consecuencia del estallido social de octubre de 2019, un año después, gran parte de la ciudadanía chilena (78%) votó a favor de una nueva constitución. El 15 y 16 de mayo de 2021, los chilenos eligieron a los 155 miembros de la Convención Constitucional y en julio del año pasado comenzó su desarrollo. Está previsto que la convención culmine el proceso en julio de este año y el texto propuesto se aprobará (o no) en un referéndum en septiembre.

Redactar una nueva constitución fue una de las principales demandas de los manifestantes durante el estallido social chileno que se desató en 2019. La carta magna había sido modificada varias veces, pero el cuestionamiento de base era que la misma se constituyó como herencia del régimen militar de Augusto Pinochet. La ciudadanía reclamaba que el Estado tuviera una mayor participación e involucramiento en la prestación de servicios sociales.

La elaboración de una nueva constitución fue consecuencia del agotamiento de un modelo de sociedad que logró generar mucha riqueza, pero que sin embargo repartió muy mal sus frutos; un modelo excluyente en la toma de decisiones con muy baja participación social, con una concentración del poder en muy pocos y generador de oportunidades muy dispares para su población. Todo ello, bajo el paraguas de una Constitución redactada en dictadura militar, que más allá de sus modificaciones en democracia, no generaba adhesión ciudadana.

De los 155 delegados electos, 77 son mujeres y 78 son hombres. Chile es el primer país en el mundo en contar con una convención constituyente paritaria. Esto significa, por un lado, reconocer a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, y por el otro, implica escribir una nueva carta magna con enfoque de género.

Diálogo e intercambio

En este marco, la primera semana de abril de este año más de 40 organizaciones de la sociedad civil de América Latina se reunieron en Santiago de Chile para participar del evento #ReimaginaLA. La intención fue que en conjunto pudieran ver qué aprendizajes podía aportar este proceso a la región. Durante el encuentro, los referentes de las organizaciones pudieron tener reuniones con los constituyentes.

#ReimaginaLA fue organizado por la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), Fundación Avina, Fundación Ciudadanía Inteligente (FCI) en colaboración con FES-Chile y Public Service International. El propósito de esta iniciativa fue conectar y fortalecer los procesos políticos y sociales de la región, generando articulaciones de redes y avanzando en narrativas comunes.

Vicente Silva, representante para Latinoamérica de GI-ESCR expresa: “En un contexto regional marcado por niveles históricos de desigualdad, una crisis climática aguda y las crisis provocadas por la pandemia del covid-19, el proceso constitucional chileno puede ayudar a pensar nuevas alternativas de desarrollo para América Latina. Lo que ocurre en un país no está aislado del contexto global, por lo que este proceso de transformaciones políticas en Chile podría catalizar cambios en otros países de la región”.

La intención de reunir distintas organizaciones en Chile fue fortalecer la discusión local y conectar el proceso constituyente con el resto de América Latina. “Los referentes de las organizaciones pudieron hablar con algunos constituyentes y conocer la experiencia de primera mano y en pleno proceso”, dice Silva.

María Emilia Mamberti es abogada y se desempeña como oficial de programa del Center for Economic and Social Rights (CESR). La misión de esta organización es defender la justicia social usando herramientas de derechos humanos. Mamberti participó del encuentro en Chile para conocer el proceso de primera mano. “En Chile, se están repensando todas sus instituciones. Si bien es un país, donde sus instituciones siempre calificaron bien en las mediciones globales, se propusieron debatirlo todo”, comenta.

Un tema que se está abordando en el proceso, que Mamberti destaca, es el de buscar la equidad entre regiones. “Los derechos a los que acceden las personas están condicionados por el lugar donde nacieron, dentro de un mismo país. El estado debería revertir esa desigualdad, pero no sucede. Entonces, este tema está generando un gran debate. Están pensando qué cambios institucionales se pueden hacer para revertir estos problemas de las diferencias entre regiones en la economía y en el poder político”, dice Mamberti.

A la nueva constitución se están incorporando temas, que son desafíos comunes de toda la región. “Estos temas que nos conciernen a todos son: la plurinacionalidad, la protección del medio ambiente, un sistema tributario más justo, un modelo económico alternativo e igualdad de género. Todas estas cuestiones, que están en juego, creo que son fundamentales para la organización de un nuevo pacto social y económico en Chile y para impulsar acciones transformadoras en América Latina. Es importante adoptar políticas públicas más justas que hagan frente a la desigualdad”, afirma Silva.

Chile, en el punto de mira

Camila Barretto Maia es coordinadora de Trabajo internacional en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), un organismo de derechos humanos argentino. Desde su organización, ya venía observando con mucha atención el proceso chileno desde que ocurrió el estallido social. Era relevante para la organización ver el desarrollo de los pactos que se hicieron para una nueva convención constituyente. “Chile está viviendo uno de los procesos más novedosos de la región. Es interesante ver qué de esta experiencia podemos incorporar en otros países. Este tema está muy alineado con la agenda de derechos humanos regional”, dice Barretto Maia.

Del encuentro Barreto Maia comenta: “Para mí fue muy interesante que se haya organizado una visita a la Convención y haber tenido la posibilidad de reunirnos con los constituyentes de distintos bloques. Sentí un nivel de transparencia y de franqueza en los diálogos muy alto. Pudimos entender cómo es ese trabajo desde lo cotidiano, los tiempos, los desgastes y hasta las preocupaciones y miedos que tienen”.

Nayareth Quevedo Millán es secretaria subregional para el Cono Sur de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), un movimiento de socialistas, sindicalistas y trabajadores creado para vincular las luchas de la clase obrera en todo el mundo. Ella participó del encuentro entre organizaciones de la región y una de sus conclusiones es que todos están viendo a Chile como un modelo a seguir.

“En Chile, tenemos la esperanza de que la nueva constitución pueda derrotar el modelo que nos oprimió durante tanto tiempo. En particular, desde la ISP, tenemos la expectativa de poder avanzar en la agenda de fortalecimiento de los servicios públicos. Si realmente armamos las bases constitucionales para garantizar la universalidad y la calidad de los servicios públicos entonces habremos cumplido un objetivo que es primordial”, dice Quevedo Millán.

Contar con todos

Desde las distintas organizaciones destacan la importancia de que participen en el proceso constituyente personas independientes de los partidos políticos. Allí confluyen distintos perfiles: algunos académicos o personas con mucha trayectoria en la sociedad civil; sin militancia partidaria, pero con ciertas agendas puntuales como las ambientales o las feministas. También destacan la adopción de criterios de paridad de género y que la Convención cuente con escaños reservados para los pueblos indígenas. En definitiva, destacan que se haya creado un espacio en donde se escucha a la ciudadanía y que busca generar consensos.

Uno de los obstáculos que enfrenta el proceso son las campañas que intentan deslegitimar lo que se viene haciendo. “Es importante que las organizaciones de la sociedad civil acompañemos y difundamos el proceso, que es una experiencia democrática inédita y muy valiosa”, expresa Barreto Maia.

A Mamberti le pareció importante encontrarse allí con otras organizaciones de la región porque de esa forma se puede construir solidaridad, señala. “Es obvio que lo que sucede en un país repercute en otros. Se necesita de la cooperación o la colaboración fluida entre países. Actualmente, no hay espacios regionales demasiado articulados por lo que es crucial que las organizaciones podamos reunirnos a pensar estratégicamente como región”, expresa. Por ejemplo, después del encuentro un grupo de organizaciones realizaron un manifiesto, donde se establecieron los Principios y Directrices para fortalecer el marco de Derechos Humanos como paradigma para la formulación de las políticas fiscales.

En este sentido Barretto Maia, También considera que América Latina pasa por un proceso de erosión de los espacios de integración regional interestatal. “Es importante promover entre las organizaciones de la sociedad civil espacios de reflexión política”, reflexiona.