Más de medio millar de ayuntamientos eluden su obligación de rendir cuentas - Revista Haz

Más de medio millar de ayuntamientos eluden su obligación de rendir cuentas

Según Civio, 567 municipios españoles no han entregados sus balances al Tribunal de Cuentas en los tres últimos ejercicios y, al menos, diez consistorios no los han presentado desde 2012.
HAZ23 junio 2022
<p>Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid, donde los ayuntamientos tienen la obligación de presentar sus balances. Foto: Tribunal de Cuentas.</p>

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid, donde los ayuntamientos tienen la obligación de presentar sus balances. Foto: Tribunal de Cuentas.

Los ayuntamientos están obligados a enviar sus cuentas para su fiscalización al Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo de las comunidades autónomas, pero está claro que algunos no cumplen.

Si nos centramos en los tres últimos ejercicios de los que informan el Tribunal de Cuentas y el Gobierno de Navarra (no se incluyen datos del País Vasco), 567 ayuntamientos españoles no presentaron sus cuentas de los ejercicios 2018, 2019 y 2020, según denuncia la organización Civio.

Entre estos municipios se encuentra Marbella (Málaga), con casi 150.000 habitantes, Jaén, con 112.000, o el Puerto de Santa María (Cádiz), con más de 89.000 vecinos.

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Andalucía y Castilla y León aglutinan la mayoría de estos consistorios. Por el contrario, cinco CCAA no aparecen en este listado de incumplidores: Aragón, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid y Canarias.

Las cuatro primeras –junto a Cataluña, con 2 de 947 ayuntamientos infractores– prohíben en su normativa autonómica el acceso a ayudas y subvenciones públicas a las entidades que no cumplan con la rendición de cuentas, y la legislación de Canarias prevé la retención del 2% de los pagos que deba recibir la entidad incumplidora, señala Civio.

Los más incumplidores

El Ayuntamiento de Torvizcón figura entre los más incumplidores. Ha tardado nada menos que ocho años (3.053 días) en presentar sus cuentas para su fiscalización, según datos del Tribunal de Cuentas recogidos por Civio. El pasado marzo, este municipio de la Alpujarra de Granada pisó el acelerador y envió la información de seis ejercicios pendientes. Desde 2012 solo ha presentado las cuentas de un ejercicio dentro del plazo legal, aunque apurando: a dos días de la fecha límite.

Algunos ayuntamientos se han saltado durante casi una década la legislación en materia de control externo de las cuentas públicas. El Tribunal de Cuentas pide elevar las multas a los infractores.

Sin embargo, hay ayuntamientos que van más allá. Al menos diez municipios no se han sometido a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, o el órgano de control externo autonómico correspondiente, desde 2012. Eso supone que estos consistorios se han saltado durante casi una década la legislación en materia de control externo de las cuentas públicas, que les obliga a enviarlas a lo largo del ejercicio siguiente, como es el caso de Sacedón (Guadalajara o Felix (Almería).

La media de todos los ayuntamientos españoles (exceptuando los del País Vasco y Navarra) se sitúa en los 27,9 días de retraso en enviar al Tribunal de Cuentas (antes del 15 de octubre) o a su órgano fiscalizador autonómico las cuentas generales.

Los mejores datos son de los municipios de Galicia (6 días antes), Comunitat Valenciana (4 días antes), La Rioja y Aragón (1,7 días antes) o Madrid (0,2 días después del plazo). En el otro extremo, Andalucía, con un retraso medio de 147,9 días, seguida de Castilla-La Mancha (74 días después), o Murcia (56 días tarde de media).

Las posibles sanciones

En sus distintos pronunciamientos, el Tribunal de Cuentas ha criticado esta impunidad. También ha recomendado elevar las cuantías de las sancionesfijadas en 1988 entre 10.000 y 150.000 pesetas (unos 60,1 y 901,52 euros).

“Seguramente (el de las multas) no es el mejor sistema para conseguir la rendición de cuentas”, afirmó la presidenta del máximo órgano fiscalizador, Enriqueta Chicano, el pasado 19 de mayo ante el Congreso.

“Algo que está previsto en la legislación y que deberíamos activar sería disminuir la participación en tributos de los que no rindan cuentas”, sostuvo Chicano, en referencia a lo previsto en la Ley de Economía Sostenible, que permite la posible retención de presupuesto por parte de Hacienda, como penalización por la falta de rendición de cuentas de un ayuntamiento, recuerda Civio.

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