“A coste cero es imposible implementar la transparencia y garantizar el acceso a la información pública”

La presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) dejó de ser interina en octubre de 2020 con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez, después de casi tres años vacante. La primera responsable del Consejo, Esther Arizmendi, falleció tras luchar contra un cáncer mientras levantaba una nueva institución pública cuyos principales objetivos son garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de la transparencia en España.

Rodríguez Álvarez asumió su mandato en un contexto político y social complejo, en plena pandemia, y con una situación económica poco favorable para esta institución con escasa dotación de medios y recursos, donde 23 personas se encargan de cumplir con las funciones de supervisión, evaluación y tutela de un derecho que resulta fundamental para el buen funcionamiento del sistema democrático.

Revista Haz ha sido invitada a visitar por primera vez la sede del Consejo para hablar con su presidente y conocer los detalles de su gestión que afronta numerosos retos, entre los que destacan, completar la creación de la institución, mejorando la dotación básica de sus inicios en 2014, y solucionar la inadecuación orgánica del Consejo, incrementando el número de personas del equipo.

¿Es posible implementar la transparencia a coste cero?

Lógicamente, siempre hay que establecer prioridades, pero implementar una política como la transparencia y reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información pública a coste cero es imposible de hacer.

Hoy todavía estamos sufriendo la falta de recursos, no solo del órgano garante, sino también de los sujetos obligados, porque no cuentan con los recursos suficientes para atender las exigencias de transparencia, y eso genera una dinámica de consumo de recursos públicos. Algunas reclamaciones ante el Consejo se podrían evitar con los recursos necesarios para atender al ciudadano en su derecho.

¿Han sido atendidas por el gobierno las peticiones sobre recursos materiales y humanos solicitadas por el CTBG o sigue teniendo carencias?

Cuando asumí la responsabilidad del cargo, me llamó mucho la atención la situación de precariedad dotacional y la inadecuación de la estructura orgánica. Cuando se creó, el Consejo tenía una estructura orgánica básica de un presidente y dos subdirecciones y, como consecuencia, todo pasa por el presidente, que no puede delegar las decisiones o actuaciones básicas, evitando dedicarse a las actividades propias de dirección y estratégicas.

Aunque vamos más lento de lo que nos gustaría, hay avances notables y estoy muy satisfecho de lo que hemos podido lograr en este periodo de un año, tanto en el presupuesto y en la plantilla, como en los procesos y procedimientos. Ahora, vamos a dar un salto hacia la digitalización, donde llevábamos bastante retraso. Así que tenemos buenas noticias en cuanto a presupuesto y recursos. Después de seis años sin incrementos ni dotación de equipo, tenemos un 26% más, lo que es un gran cambio.

¿Cómo se justificó el recorte del 22% en los presupuestos anteriores?

No tengo los detalles porque es anterior a mi incorporación, pero se debería al contexto restrictivo, aunque a todos los organismos no se le recortó un 22%.

Ahora, nuestro crecimiento fuerte ha venido por la parte del personal, que se traduce en la incorporación de siete plazas y, aunque no es suficiente, estamos en el buen camino. Además, debo decir que los ministros Darias, Iceta y Montero siempre fueron sensibles a la propuesta cuando les expuse las necesidades del Consejo y ellos aprobaron la autorización para esta ampliación.

La pandemia ha sido una etapa dura para toda la sociedad, ¿cómo ha afectado a la labor del CTBG?

Nos ha afectado sensiblemente, como a todos, teniendo que adoptar medidas de seguridad sanitaria, cambiar el trabajo presencial con rotaciones, con burbujas y minimizar los riesgos de contagio, etc. Aunque yo no viví la parte más dura del confinamiento (llegué en octubre de 2020), en general no ha tenido un impacto relevante, pero sí sensible en los resultados.

En 2021, ha habido un incremento de entrada de reclamaciones de casi un 32% y resolvimos un 20% más que en el año anterior, Y, con respecto a la evaluación, dimos un gran impulso, analizando 239 órganos y entidades, lo que dio lugar a más de 430 informes. Teniendo nuestro equipo, pues es todo un mérito.

Por lo tanto, en el rendimiento no ha tenido un impacto sensible, pero algunas actividades complementarias como la celebración de coloquios, debates y foros y la participación en actividades externas, sí se han reducido con respecto a años anteriores porque hemos de concentrar nuestra fuerza y recursos en las grandes funciones de resolver reclamaciones y evaluar el cumplimiento y, ahí, el impacto no ha sido una reducción, sino que hemos tenido un incremento.

¿Con qué herramientas cuenta actualmente el CTBG para realizar sus evaluaciones de la administración pública española?

Las evaluaciones se hacen con nuestra metodología propia Mesta, que es muy exhaustiva porque evalúa tanto el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, como la gestión de las solicitudes de acceso a la información. Y todo esto se hace mediante un análisis individualizado de cada web desde aquí. El equipo, compuesto por tres personas, hace una evaluación individualizada, una por una, de las webs de los sujetos obligados.

Desde que he llegado, se ha introducido el diálogo con los sujetos obligados, de manera que es un proceso de evaluación dialogado y se hace con la máxima transparencia porque no solo está nuestro punto de vista, también está el del sujeto obligado con sus alegaciones y observaciones, y quién quiera puede comprobarlo en las publicaciones para sacar sus conclusiones.

Además, estamos con una versión revisada, mejorada, que entre nosotros llamamos ‘Mesta 2.0.’, y que esperamos tener operativa a finales de año para poder aplicarla en la evaluación del próximo. Esto supondría simplificar algunos procesos, aunque seguiremos con el trabajo individualizado y no meramente automatizado.

¿Cómo evoluciona el nivel de transparencia de las instituciones públicas según el seguimiento del CTBG? ¿Progresan adecuadamente?

La publicidad activa ha mejorado sensiblemente en los últimos años. En 2021, el incremento de cumplimiento es de un 37%, y en lo que llevamos de 2022, hay un aumento del 20%.

Pero el cumplimiento es desigual. Hay un grado más alto de cumplimiento en instituciones como los órganos constitucionales y autoridades independientes y, según vamos descendiendo hacia organismos y entidades más pequeñas, el resultado es muy desigual. En los próximos años, prestaremos especial atención a estos sujetos porque vemos que hay muchas necesidades de mejora.

Pero resulta gratificante que se produzcan mejoras porque demuestra que la evaluación sí sirve y es útil. También para nosotros es muy estimulante que el nuevo sistema que hemos implantado, publicando la evaluación según se termina sin esperar a final de año, permite que gane en inmediatez y en valor para todos, especialmente para el propio sujeto obligado que puede ver la fotografía de su estado. Esto estimula también el cumplimiento más inmediato y no solo a final de año.

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¿Cómo se comportan las instituciones públicas con respecto a las resoluciones del CTBG: las acatan más ahora o sigue habiendo discrepancias con el Consejo?

A veces se da una imagen distorsionada porque el nivel de cumplimiento de las resoluciones del Consejo es muy alto si se compara con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Nosotros estamos en torno al 10% de incumplimiento, pero no nos parece de recibo y se tiene que corregir. De lo contrario, tendrían que establecerse remedios jurídicos que garanticen la ejecutividad y el cumplimiento efectivo de las resoluciones del Consejo, y este es uno de los temas que han de tratarse en la reforma de la ley que está en perspectiva.

Aunque, yo siempre he dicho que es una patología y que no necesitaría establecerse un régimen sancionador, ni otro tipo de vías o de procedimiento, para asegurar el cumplimiento. Las resoluciones del Consejo -siendo este un órgano garante, con una función cuasi-jurisdiccional y una autoridad independiente-, si transcurridos los dos meses de plazo para presentar un recurso contencioso, no se recurren, quedan en firme y son de obligado cumplimiento. Entonces, si las administraciones no cumplen resoluciones firmes es una patología.

Desde la perspectiva del CTBG, ¿qué aspectos debería afrontar la modificación de la Ley de transparencia para que España avance en la cultura del Estado abierto?

Para mí, es un tema fundamental potenciar la publicidad activa, e incluso incorporar la proactiva en el sentido de estimular la publicación de información más allá de la obligatoria, y ampliar el catálogo de las informaciones obligatorias porque se ha quedado desactualizado y desfasado, solo hay que compararlo con el de las leyes autonómicas más recientes.

Además, hay que definir mejor el ámbito de aplicación de los sujetos obligados, con independencia de si se extiende o no. También, el derecho de acceso debe abordarse desde un enfoque más amigable para el ciudadano. Es importante establecer esta cultura progresivamente y tendría que acabar siendo una obligación publicar mapas de contenidos o catálogos de información para que el ciudadano sepa qué información consta en la administración y para que pueda solicitarla sin tener conocimientos específicos de las competencias o saber a quién debe dirigirse.

Y con respecto a esta casa (CTBG), se debería reforzar la autonomía y la independencia, garantizando la suficiencia de recursos e introduciendo algunos ajustes, como  definir mejor las funciones del presidente y de la comisión, o introducir algún remedio jurídico si no hay cumplimiento de las resoluciones del Consejo. Y, puestos a proponer, creo que hay que cambiar la denominación para dejar de llamarlo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y llamarlo solamente Consejo de Transparencia, porque no tiene atribuciones en el ámbito de buen gobierno y resulta frustrante decir al ciudadano que no podemos hacer nada cuando nos pide que actuemos en esta materia.

Desde que tomó posesión de su cargo, ¿cómo describiría su experiencia? ¿Qué es lo más gratificante de su cargo y qué es lo menos?

La experiencia es intensa, pero, a la vez, grata, empezando por el equipo, que es un grupo pequeñito, pero muy cohesionado, muy comprometido, y con una gran capacidad, conocimiento y entrega. Y, luego, que aquí todos los días se ve el resultado de nuestra actividad cuando se reconoce el derecho a una persona que se le ha negado con cada resolución estimatoria. Ahí ves que lo que hacemos tiene una proyección inmediata y directa sobre los derechos de la ciudadanía. Personalmente, me resulta muy grato el estudio de los casos complejos que se nos plantean y la redacción de resoluciones.

En el lado negativo, esa administración de la escasez de medios genera la sensación de que podríamos estar haciendo más, y la cantidad de horas que dedico, incluido el fin de semana, que, aunque no me genera mucha erosión, sí es tiempo que le quito a mi gente.

¿Alguna otra cuestión que le gustaría desatacar del CTBG para los lectores de Revista Haz?

Agradecer el interés por nuestras actividades y animar a la sociedad en general a que siga impulsando la cultura de la transparencia. Esta es una tarea colectiva donde todos tenemos que contribuir, lógicamente, en distinto grado, dependiendo de nuestra posición. Es muy importante ese compromiso ciudadano, junto con el de las propias instituciones y del órgano garante, y que continúe esa función de control difuso, de supervisión, de exigencia y de crítica de las cosas que se hacen mal porque todo eso contribuye y ayuda a que nosotros podamos cumplir mejor con nuestra función.