El sector del 'lobby' reclama una regulación urgente

En el acto, en el que se ha presentado el informe Hacia una profesionalización y regulación de la transparencia de los grupos de interés en España: el ejemplo europeo y autonómico, han participado representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales que ya cuentan con una regulación sobre la materia. El objetivo del encuentro ha sido exponer a la ciudadanía la importancia de la interlocución público-privada, y de la profesionalización y transparencia de las relaciones institucionales y asuntos públicos en España.

La apertura del acto corrió a cargo de Cristina Ayala, secretaria cuarta de la Mesa y viceportavoz de la Comisión del Reglamento del Senado y la directora general de APRI, Irene Matías. En su bienvenida institucional, Ayala aseguró que “las relaciones entre el sector público y privado constituyen la piedra que construye nuestro estado democrático. Se hace camino al andar y con estas jornadas, eso se hace caminar”.

Por su parte, Yolanda Vega, directora de Asuntos Públicos de la agencia BCW, presentó el estudio desarrollado por el Foro Empresarial de APRI sobre La visión de la relaciones institucionales por parte de los poderes públicos, que concluye que una mayoría (70%) de los cargos públicos es partidario de una regulación nacional de los lobbies que integre o complemente la que ya se ha aprobado de manera dispersa en el ámbito europeo, autonómico o local.

hizo hincapié en la importancia de la profesionalización y regulación de las relaciones institucionales. “El estudio constata una realidad: la interlocución entre los poderes públicos y las entidades privadas o los agentes sociales no solo está normalizado, sino que se valora como una herramienta útil para ambas partes. Por lo tanto, es hora de evolucionar y regular el ejercicio del lobby sin prejuicios”.

A continuación, se abrió una mesa redonda sobre la regulación de los lobbies con representantes de instituciones europeas, autonómicas y locales, que ya cuentan con una regulación sobre la materia, moderada por Diego Bayón, director de Public Awareness en Harmon y vocal de la Junta Directiva de APRI.

La regulación ya cuenta con una amplia experiencia

Durante el transcurso de la mesa, Lucas González de Ojeda, director adjunto de la Representación y Jefe de Análisis Político de la Comisión Europea en España señaló que “es un error tener una concepción maligna de los grupos de interés, puesto que se busca enriquecer el proceso legislativo, las normas de transparencia y las normas de registros son necesarias. En Bruselas operan más de 30.000 partes interesadas y es algo normal y bueno para el proceso decisorio”.

Por su parte, Pablo García-Valdecasas, director general de Transparencia de la Comunidad de Madrid ofreció la experiencia de la esta región y resaltó que “la representación de intereses es algo innato en la Administración pública. No es una carga de la Administración sino una actividad de retroalimentación. Las leyes de transparencia han avanzado bastante, y en la Comunidad Madrid ha habido un cumplimiento estricto de la norma de transparencia de los grupos de interés, pero es importante unificar y simplificar la norma y que los poderes ejecutivo y legilativo regulen la actividad para que haya una dirección conjunta”.

El director general de Transparencia y Calidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio Relaño, ofreció la experiencia del Consistorio con el registro de grupos de interés. Relaño, explicó que “cada vez la transparencia es más indefinida, el término es muy amplio y acaba de iniciarse, pero tiene por objeto dar un impulso de legitimación. Esto no ha hecho más que empezar”.

El encuentro se clausuró con las declaraciones de Javier Valiente, socio director de Political Intelligence y presidente de la Comisión Deontológica de APRI que concluyó que  “los plazos establecidos por el Gobierno para la regulación nacional de los lobbies no se están cumpliendo, y los ejemplos europeos, autonómicos y locales de participación en la vida pública de manera regulada y normalizada demuestran que no solo es bueno para mejorar la elaboración de leyes, sino para la democracia en su conjunto”.