Inflación y transparencia de los contratos púbicos - Revista Haz

¿Cómo afecta la inflación a la transparencia de los contratos públicos?

La crisis de la inflación no solo afecta a los bolsillos de los ciudadanos, también tiene un importante impacto en otros sectores, como el de la contratación pública. A más inflación, menos publicidad, menos competencia y más opacidad.

Cuando en febrero de 2022 tuvo lugar el ataque de Rusia a Ucrania, dando inicio al primer conflicto armado en Europa tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, el resto de los países sufrió los daños colaterales de problemas en los suministros de energía y productos básicos, lo que derivó en un encarecimiento de los precios y la incertidumbre sobre las economías europeas.

Actualmente, la guerra ruso-ucraniana sigue latente y bastante activa, por lo que se espera que se alargue, según los analistas políticos internacionales. Esto implicaría que la crisis energética y el problema de suministros también persistirá en el tiempo, con el consecuente encarecimiento de los precios, es decir, más inflación en los países afectados.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España registra una inflación en torno al 10%, una tasa que se calcula en base al Índice de Precios de Consumo (IPC) y que permite saber cómo evolucionan los precios de aquellos bienes y servicios que consumen las familias españolas, incluyendo desde la cesta de la compra, al consumo de energía y el transporte.

Además de afectar a las familias y ciudadanos, la inflación tiene un importante impacto en otros sectores, como es la contratación pública.

A principios de 2022, se alcanzó la cifra récord de más de 50.000 procedimientos de licitaciones, un 15% más que el año anterior, según datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. En parte, esta cifra es resultado del Plan de recuperación, transformación y resiliencia y la inversión de los fondos Next Generation, según explica Sergio Jiménez, responsable de producto en Gobierto, grupo de expertos especializados en el diseño y tecnología para mejorar los servicios de las administraciones públicas.

Revista Haz habla con ellos para saber cómo se está llevando a cabo la inversión europea para cumplir con los objetivos del Plan de recuperación, cómo afecta la inflación a dicho plan, y qué mecanismos han activado los responsables públicos para rendir cuentas de sus acciones.


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La inversión Next Generation: el mayor desafío

El responsable de gestionar el Plan de recuperación, Manuel de la Rocha, ya advirtió en 2021 que era “un desafío gestionar unos fondos tan grandes” (vid. “Va a ser extremadamente difícil malversar un solo euro de los Fondos europeos”).

En esta misma línea, desde Gobierto confirman que esta inversión es un gran reto porque, además de tener como objetivo principal recuperar la economía perdida (por la crisis de la pandemia), el sector público está siendo sometido a “un esfuerzo realmente grande” debido principalmente a dos factores: la gran cantidad de licitaciones que se deben tramitar con urgencia y el escaso personal de la administración pública española que debe gestionarla.

“Se está pidiendo a la administración: mucho trabajo, muy rápido y a muy pocas personas, porque está infradotada”, afirma Jiménez.

Aunque desde el Ejecutivo se afirmó que se iba a incorporar personal y se iban a formar a los técnicos de la administración para gestionar los fondos Next Generation, todavía no se ha producido ese refuerzo de personal porque, según indica Jiménez: “la oferta de empleo público del 2021 todavía está en tramitación”, y aunque hay bastante actividad formativa, el problema radica en que hay poca gente para gestionar los fondos y deben trabajar “muy rápido”, por lo que el experto lanza la pregunta de “¿cuándo tienen tiempo de formarse?”.

En cuanto a la urgencia en la tramitación de las licitaciones, Jiménez explica que en los últimos dos años la contratación pública estaba “muy marcada por la urgencia de la pandemia”, y todas las compras estaban relacionada con la crisis de la covid-19, dejando de atender otras áreas como el arreglo y mantenimiento de carreteras, servicios suspendidos, etc. Ahora esos contratos se han “lanzado de golpe”, aprovechado también la inversión de los fondos europeos.

A más inflación, más contratos desiertos y más opacidad

En lo que va de 2022 ya se ha alcanzado un número récord de licitaciones desiertas, es decir, de licitaciones que no se adjudican. Actualmente son unas 9.400, lo que supone un 34% más que el año 2021 por las mismas fechas, como muestra la herramienta de Gobierto.

Sobre este aspecto, cabe señalar que el área de suministros es el que más registra este tipo de contratos, ya que están directamente relacionados con los bienes de consumo y sufren más las variaciones de la inflación. “Estamos hablando de más de 4.300 licitaciones desiertas de suministros, son un 12% del total de los contratos de suministros, una cantidad importante”, indica Jiménez.

Ante esta situación, la Administración pública puede actuar de tres modos:

  1. Se retira la licitación y no se lleva a cabo la contratación del servicio, obra o suministro.
  2. Volver a sacar la licitación, reconduciendo la oferta, lo que supone un retraso de tiempo en la adjudicación (de entre seis a ocho meses), y la subida del presupuesto para atraer a los adjudicatarios.
  3. Recurrir a la licitación negociada sin publicidad, una fórmula ágil y eficiente, que consiste en invitar a tres proveedores y negociar las condiciones de la adjudicación con cada uno de ellos directamente.

Cuando las administraciones se ven en la necesidad de adjudicar una licitación, utilizan esta última opción, que no es completamente opaca, pero “adolece” de falta de transparencia en la fase previa de la oferta.

En lo que llevamos de 2022, se ha alcanzado un número récord de licitaciones desiertas, es decir, que no se adjudican: unas 9.400, un 34% más que el año anterior.

Por otra parte, Jiménez advierte que el número de contratos desiertos que más ha crecido es el de obra: un 140% más que el año pasado y un 10% del total de los contratos de obra. Según el experto, que “un contrato de obras quede desierto tiene algo más de severidad, porque tiene mucha más complejidad”, que los otros tipos de contratos de suministros y de servicios.

Además, es un indicativo del “daño de verdad e importante” en el aspecto económico, tanto para las administraciones públicas, como para la economía social. En este sentido, Jiménez compara el efecto de la inflación con el de una sequía y señala que lo primero en secarse es la hierba (contratos de suministros), luego se secan los arbustos (servicios), y finalmente, se secarían los árboles (los contratos de obras), “que es donde está el dinero de verdad de la contratación pública”.

Otra tendencia que han observado desde Gobierto, es que ha aumentado el número de licitaciones de una sola oferta y, en la actualidad, el 40% de las licitaciones que salen en España tiene “una o ninguna oferta”.

La consecuencia de este dato es que, si no hay competencia, el coste de los contratos se eleva porque las entidades públicas deben aceptar el precio que les da el único oferente.

Transparencia, a posteriori

Todavía no hay una valoración general sobre la inversión que se está haciendo de los fondos Next Generation, pero desde la entidad consultada, afirman que “a nivel informativo”, el portal del Gobierno es bastante completo, y desde la Plataforma de contratación se está haciendo un tratamiento de los datos bastante correctos.

No obstante, Jiménez señala algunas limitaciones de la rendición de cuentas, que según explica, es la misma limitación que tiene la contratación pública en general: “está pensada para que se considere que el dinero invertido es el dinero que se gasta, pero no hay normas, ni transparencia, que permitan demostrar que esa inversión está teniendo el impacto deseado”.

Asimismo, la transparencia de los contratos públicos de cara a la ciudadanía, “es enormemente complicada”, porque no hay herramientas que ayuden a visibilizar la contratación adecuadamente.

“Actualmente, no hay una visión generalizada de cómo publicar o transparentar en qué se gasta el dinero y eso incluye, evidentemente, los fondos Next Generation”, Sergio Jiménez.

Según Jiménez, esta situación es fruto de que no exista una regulación específica sobre la rendición de cuentas de la acción pública, incluido los contratos, y, por lo tanto, cada administración y entidad lo aborda según sus propios criterios.

En este sentido señala la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que “si resulta complicada para los profesionales, no me puedo imaginar para un ciudadano”. Por lo tanto, la transparencia de este sector queda delegada en los medios de comunicación, que también tiene sus propias limitaciones, porque no hay personal especializado en las redacciones, y cada medio tiene sus propios intereses sobre la información.

El experto de Gobierto señala que, según avance el tiempo, se publicarán informes de las instituciones independientes: tribunales de cuentas, auditorías, agencias de evaluación, y demás, pero, esta transparencia vendrá “un poquito tarde”, como ha sucedido con los informes de los contratos de emergencia de 2020 y 2021, que el Tribunal de Cuentas los está publicado ahora con fechas de agosto y septiembre de 2022.

Como recomendación, Jiménez afirma que sería deseable tener una rendición a medio plazo de las ejecuciones de las inversiones, como hacen algunas administraciones, siendo la Diputación de Castellón una de ellas; pero actualmente no hay “una visión generalizada de cómo publicar o cómo transparentar en qué se gasta el dinero y eso incluye, evidentemente, los fondos Next Generation”.

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