90% universidades públicas son transparentes frente a 23% privadas - Haz

El 90% de universidades públicas son transparentes frente al 23% de las privadas

Según el décimo informe ‘Examen de transparencia’ de la Fundación Haz, las universidades privadas no siguen la evolución de las públicas, con un 35% de ellas calificadas como opacas. Pese al progreso en la transparencia de las públicas, el informe destaca la “enorme debilidad” de los consejos sociales.
HAZ14 noviembre 2022

El informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas, Examen de transparencia 2021, que cumple su décima edición, arroja luces y sombras sobre el sistema universitario.

El documento reconoce el avance en la transparencia de las universidades públicas, donde, por primera vez desde la publicación de los informes, el 90% de ellas son consideradas transparentes y ninguna ha sido calificada como opaca. Por el contrario, las universidades privadas se han estancado en los niveles de transparencia y solo un 23% ha obtenido el calificativo de transparente.

Una diferencia que queda también patente cuando se compara el promedio de transparencia de las universidades públicas, con un 86% de media de cumplimiento, frente al 57% de las privadas.

La información más opaca de estas últimas es la referida al área económica, donde tan solo un tercio (33%) publica dichos datos. La principal responsabilidad de esta falta de información económica, recuerda el documento, recae sobre los órganos de gobierno de las universidades privadas: consejos de administración, patronatos, cancillería, etc.

En este sentido, “no puede extrañar que la opacidad en relación con la titularidad de las universidades privadas, información que solo proporciona un 46% de ellas, tenga su reflejo en la ausencia de datos económicos. Esta correlación es particularmente evidente en las universidades cuyo titular es una sociedad mercantil, pues presentan los mayores grados de opacidad de todas las universidades, públicas y privadas”, afirma la publicación.

Estos son los principales resultados de un informe que analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros indicadores.

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<p>En los gráficos se aprecia la mejora significativa en los últimos años de la transparencia de las universidades públicas (primer gráfico), mientras que en las privadas (segundo) aumenta levemente y después se estanca.</p>

En los gráficos se aprecia la mejora significativa en los últimos años de la transparencia de las universidades públicas (primer gráfico), mientras que en las privadas (segundo) aumenta levemente y después se estanca.

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<p>En los gráficos se aprecia la mejora significativa en los últimos años de la transparencia de las universidades públicas (primer gráfico), mientras que en las privadas (segundo) aumenta levemente y después se estanca.</p>

En los gráficos se aprecia la mejora significativa en los últimos años de la transparencia de las universidades públicas (primer gráfico), mientras que en las privadas (segundo) aumenta levemente y después se estanca.

La debilidad de los consejos sociales

El informe es especialmente crítico con los consejos sociales de las universidades públicas. Según Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Haz y coautor del informe, “la Ley de Reforma Universitaria de 1983 creó los consejos sociales con el fin de evitar que la universidad se constituyese en un patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria y se convirtiese en un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas comunidades autónomas. Pues bien, no hemos avanzado nada en estos 40 años. La mayoría de los consejos sociales son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayor parte de sus miembros no son independientes”.

Según el artículo 17.4 de la LOU, el consejo social, para el adecuado cumplimiento de sus funciones, debe disponer “de una organización de apoyo y de recursos suficientes”. Pero la realidad es la que muestra este informe Examen de transparencia 2021, que ha analizado todos los presupuestos de los consejos sociales de las universidades públicas, llegando a la conclusión de que estos, en la mayoría de los casos, son “paupérrimos”.

“La mayoría de los consejos sociales son estructuras de gobierno y supervisión de papel, sin recursos económicos y humanos y con una composición en la que la mayoría de sus miembros no son independientes”, Javier Martín Cavanna.

Las diferencias en la financiación son notables con solo cinco universidades (Girona, Gran Canaria, La Laguna, Lleida y Rovira i Virgili) que igualan o superan el 0,3 de porcentaje en relación con el presupuesto total de la universidad. Las últimas posiciones las ocupan Granada, Sevilla y Zaragoza, con un 0,02%, seguidas de la Complutense de Madrid, con un 0,03%, y de la Autónoma de Madrid y Barcelona, con un 0,04%.

Si a lo anterior se suma que prácticamente el 50% de los consejos sociales no cuenta con una partida de gastos de personal, el documento concluye que estos órganos no tienen recursos suficientes para desarrollar, de una manera adecuada, sus funciones de gobernanza y rendición de cuentas.

“Si existe voluntad real de que los consejos sociales puedan realizar una función eficaz para servir de puente entre la sociedad y la universidad actuando de palanca para que esta progrese en la excelencia, es urgente dotarles de recursos económicos y humanos, de un mayor compromiso con la rendición de cuentas y de una composición de sus miembros más independiente”, explica Ángel Luis Ladrón de Guevara, coautor del informe.


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Proyecto de Ley refuerza el desgobierno

Lo más preocupante -según los autores del informe- es que el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario “solo contribuirá a ahondar, aún más, el frágil y defectuoso sistema de gobernanza de la universidad”.

El proyecto de Ley pretende aumentar la financiación pública sin mejorar el sistema de gobierno ni fortalecer la rendición de cuentas. “Si el proyecto consigue salir adelante, con el consiguiente aumento de gasto, sin duda atenderá el interés privado de la comunidad universitaria, pero no el interés público”, concluyen los autores de Examen de transparencia 2021.

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