Acuerdo de la OCDE para proteger la privacidad en el acceso a datos
La Conferencia Ministerial del Comité de Economía Digital, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha adoptado la Declaración sobre acceso gubernamental a datos personales en poder de entidades del sector privado en el marco de la reunión ministerial celebradas en Gran Canaria
El acuerdo busca mejorar la confianza en los flujos de datos transfronterizos, que son fundamentales para la transformación digital de la economía global, aclarando cómo las agencias de seguridad nacional y las fuerzas del orden pueden acceder a los datos personales bajo los marcos legales existentes. Marca un importante compromiso político de los 38 países de la OCDE y la Declaración también está abierta a la adhesión de otros países.
“Poder transferir datos a través de las fronteras es fundamental en esta era digital para todo, desde el uso de las redes sociales hasta el comercio internacional y la cooperación en temas de salud global. Sin embargo, sin principios y salvaguardas comunes, el intercambio de datos personales entre jurisdicciones plantea problemas de privacidad, particularmente en áreas sensibles como la seguridad nacional”, dijo el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, al presentar la Declaración, que ha calificado de ‘histórica’.
“El acuerdo histórico de hoy reconoce formalmente que los países de la OCDE mantienen estándares y salvaguardas comunes. Ayudará a habilitar los flujos de datos entre las democracias del estado de derecho, con las salvaguardas necesarias para la confianza de las personas en la economía digital y la confianza mutua entre los gobiernos con respecto a los datos personales de sus ciudadanos”, añadió Cormann.
El documento, en cuya redacción ha participado el Ministerio de Justicia español, muestra el compromiso de los países adheridos para que el acceso gubernamental a datos en manos del sector privado cumpla con los estándares de protección de datos personales, facilitando así el flujo internacional de los mismos, y reforzando la seguridad jurídica y la confianza mutua entre los países suscritos.
También tiene entre sus objetivos garantizar que la prevención, investigación y persecución de los delitos se realice en el marco de la cooperación transfronteriza para reforzar el acceso a la información disponible, incluida la de naturaleza personal, garantizando de este modo los estándares comunes en materia de protección de la privacidad, según apunta el Ministerio de Justicia.
Además, la declaración contempla un marco común de garantías de los principios democráticos y de respeto al estado de derecho, con el fin de que convivan en equilibrio ambas áreas de protección: la seguridad pública y la garantía de los derechos de la ciudadanía, con la protección de los datos personales.
La Declaración es el resultado de dos años de trabajo de la OCDE con un grupo de países expertos en protección de datos, seguridad nacional y aplicación de la ley. El proyecto surgió de la creciente preocupación por la falta de principios comunes en ámbitos sensibles como son la seguridad nacional y el orden público, una carencia que podría conducir a restricciones indebidas de los flujos de datos. Otra de las motivaciones detrás de esta iniciativa es el anhelo de aumentar la confianza entre los distintos sistemas democráticos regidos por el Estado de Derecho que, si bien no son idénticos, tienen importantes aspectos en común.
