Castilla y León pone en marcha un proyecto para mejorar el acceso a los datos abiertos

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, ha anunciado la puesta en marcha por la Junta de Castilla y León  del proyecto Gobierno del Dato que, en sus palabras, “nos va a permitir sumar transparencia y datos abiertos, mejorando con ello los servicios que prestamos a los ciudadanos. Se trata de que los ciudadanos puedan conocer qué se hace, cómo y con qué recursos”, ha señalado.

Carnero ha explicado que los datos abiertos en el futuro van a ser “algo tan fundamental” como para requerir “un paso más” en su gestión, por lo que considera oportuno mejorar aun más la eficiencia en la utilización de los datos que se ofrecen en el Portal de Datos Abiertos creado por la Junta en el año 2012.

El proyecto de cuenta con una asignación aprobada de casi 2,5 millones de euros de los Fondos Next Generation, que incluye dos líneas de trabajo: tanto el diseño e implantación del modelo de Gobierno del Dato, como la capacitación de los empleados públicos, según ha explicado el consejero.

Se trata de una acción de Gobierno abierto que “tiene una estrecha relación con la transparencia, puesto que pretendemos que los datos abiertos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o registro”, ha añadido Carnero.

En ese sentido, ha explicado que “el proyecto está planteado como una iniciativa transversal a abordar de forma integral en la totalidad de nuestra Administración, que busca la implantación de una metodología que permita conocer qué datos son necesarios, cuál es su significado, manejarlos con unos requerimientos mínimos de calidad y ponerlos a disposición de los distintos sistemas y áreas de negocio para obtener más valor de los mismos”.

Con el Portal de Datos Abiertos se cumplen dos principios básicos: en primer lugar, el de transparencia, al poner a disposición de toda la sociedad datos generados por la Administración de la comunidad en el desarrollo de sus funciones, en formatos abiertos y con una licencia libre para su uso; y en segundo lugar, el de colaboración, permitiendo el desarrollo de iniciativas compartidas que aporten mejoras sociales y económicas a través del trabajo conjunto entre la ciudadanía y las administraciones públicas, según explican desde la Junta de Castilla y León.