¿Qué mejorar en la Ley de transparencia? - Revista Haz

¿Qué mejorar en la Ley de transparencia? Más información, agilidad y sanciones

El Gobierno se ha comprometido a renovar la actual Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y ya se están desarrollando los trabajos para su reforma. En 'Revista Haz' hemos consultado a varios expertos qué aspectos de la norma se deben cambiar o mejorar y cómo seguir avanzando en la cultura de la transparencia.

España se encuentra inmersa en el IV Plan de Gobierno Abierto, que se compone de diez compromisos dirigidos a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. Para alcanzar los nuevos objetivos, se ha preparado una serie de medidas dirigidas a mejorar la partición ciudadana, establecer nuevos sistemas de integridad en las instituciones públicas, y fomentar la educación y sensibilización de la ciudadanía y el funcionariado en materias de Gobierno Abierto.

El objetivo fundamental es conseguir que para 2024 –fecha de finalización para ejecutar el IV Plan-, la sociedad española sea “más justa, pacífica e inclusiva”, según la información publicada en el Portal de Transparencia.

Uno de los compromisos más destacados por el actual Gobierno es la reforma de la vigente Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que de momento se encuentra en pleno debate, gracias a la creación de los grupos de trabajo dentro del Foro de Gobierno Abierto.

En las reuniones preparatorias que se han realizado, los grupos de expertos han profundizado sobre las cuestiones más demandadas por la ciudadanía y que, según las conclusiones publicadas por el subgrupo de trabajo, son “las obligaciones de publicidad activa, las máximas garantías en el derecho de acceso, la actividad de los órganos garantes y el impulso de la participación ciudadana en los asuntos públicos”.

Además de la información disponible a través del Portal de Transparencia, Revista Haz ha contactado con algunos de los expertos que fueron consultados para la elaboración y aprobación de la actual Ley 19/2013 de transparencia, con el fin de saber qué aspectos consideran fundamentales para la renovación de la ley y cuál es su opinión para seguir avanzado en la cultura de la transparencia.

El balance es positivo, pero se debe mejorar

En primer lugar, los expertos consultados coinciden en los beneficios que ha supuesto para la sociedad española contar con una ley que obliga a las instituciones y organismos públicos a dar información sobre su actividad. Esta regulación ha supuesto “una palanca” para la expansión de los portales de transparencia, que a su vez han permitido superar esa fase de opacidad generalizada de la Administración pública.

El profesor Emilio Guichot Reina, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, considera que diez años es “poco tiempo” para una ley, ya que no ha sido hasta los últimos dos que el Tribunal Supremo ha empezado a crear jurisprudencia sobre esta materia, permitiendo “aclarar y matizar muchos de los conceptos indeterminados” de la norma, como la aplicación de las limitaciones, el alcance de la garantía de los consejos de transparencia o, el concepto de intereses económicos y comerciales.


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Por su parte, Manuel Sánchez de Diego, profesor de Derecho de la información de la Universidad Complutense de Madrid, que reciente ha publicado El derecho de acceso a la información. Un tortuoso camino -2022-, donde menciona las vicisitudes que tiene la normativa sobre transparencia, explica a Revista Haz que “lo esencial de la ley” no debe ser un reconocimiento como derecho administrativo, debido a que “la transparencia y el derecho de acceso a la información pública exceden de la Administración General y excede del Gobierno”, afectando a todos los poderes del Estado.

En este sentido, Sánchez de Diego afirma que el derecho a la información pública debería regularse como derecho fundamental vinculado a la libertad de información.

Asimismo, Javier Sierra Rodríguez, politólogo y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, coincide en que este derecho debería ser reconocido como derecho fundamental y, por tanto, debería ser regulado mediante una ley orgánica.

Este reconocimiento y regulación supondría que el Tribunal Constitucional también tendría capacidad para revisar las sentencias y actuaciones de la Administración que vulnerasen el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos españoles, pues según afirma el profesor Sierra, “no podemos tener el mismo estándar de transparencia que hace una década”, es decir: supondría una nueva garantía de este derecho.

El derecho a la información pública debería regularse como un derecho fundamental vinculado a la libertad de información, según coinciden algunos expertos.

¿Qué se debe mejorar?

En cuanto a puntos concretos que deberían reformarse dentro de la Ley, los expertos consultados están de acuerdo en que debe ampliarse el catálogo de información disponible en los portales de transparencia. Sin embargo, cada uno de los expertos señalan otros aspectos diferentes.

  • Más información pública disponible. Además de ampliar los contenidos, Sánchez de Diego afirma que hay “tres áreas importantes”: publicidad activa, respuestas a las solicitudes de los ciudadanos, y datos abiertos. Sobre este último aspecto, el profesor de la UCM indica que estos datos se encuentran “a mitad de camino entre la publicidad activa y el derecho de acceso”, y se trataría de que cualquier información fuera publicada mediante “la sindicación de contenidos”, de manera que cualquier interesado en un tipo de información pudiera suscribirse a las actualizaciones de dichos contenidos y tuviera acceso a los nuevos datos, mejorando la navegación y facilitando el acceso a la información pública.
  • Sancionar el incumplimiento. Otra de las cuestiones más destacadas es que la reforma debe dar más poder al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, estableciendo un régimen sancionador “contundente” a nivel estatal. Sobre esta cuestión, el profesor Guichot considera que lo más importante es dar capacidad al Consejo para “instruir y sancionar” a las instituciones públicas incumplidoras, debido al elevado “e inasumible” grado de incumplimiento de sus resoluciones, reconocido públicamente por el propio presidente del Consejo.
  • Transparencia rápida, sencilla y ágil. Con respecto a las solicitudes de acceso a la información pública, los expertos consultados coinciden en que “el tiempo es una cuestión a mejorar”, ya que las respuestas deberían ser “lo más rápido posible”, según Sánchez de Diego, y, además, el proceso debería ser sencillo, “ya que la complejidad genera opacidad”. Asimismo, Sierra apunta que el derecho de acceso también debería estar “destinado” a los profesionales del periodismo, estableciendo un procedimiento “especialmente acelerado” que contemplara otras vías, como puede ser el correo electrónico, y que no se tramitara como un registro administrativo. Este proceso ganaría en agilidad, manteniendo las garantías del “ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.
  • El Gobierno como sujeto más obligado. Aunque el poder ejecutivo está obligado a hacer pública su información, una parte de la actividad de los ministros y del mismo presidente queda fuera del escrutinio público, como demuestran las numerosas resoluciones que ha dictado el Consejo de Transparencia para que se publicaran los viajes del presidente o las actas del Consejo de Ministros.Sobre este aspecto, el profesor Sierra señala que la transparencia del gobierno, “convive con una comunicación institucional” y una utilización de los gabinetes que “no siempre se ajusta a la realidad, ni siempre responden ante las demandas de información”. En este sentido, el profesor de la UNED, afirma que la reforma podría establecer unos principios similares a los de buen gobierno referidos a la comunicación, como el principio de neutralidad ante los medios de comunicación, procesos de acreditación “claros y transparentes”, rotación de las preguntas en ruedas de presa o la incorporación de un repositorio de vídeos y fuentes utilizadas por el Gobierno, para la elaboración de sus informes y porcentajes.

Los expertos creen que se debería dar más poder al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, estableciendo un régimen sancionador “contundente” a nivel estatal.

Limitar los secretos de Estado

Aunque la reforma de la Ley de transparencia es uno de los compromisos que más esfuerzos está suponiendo para el Gobierno español, el profesor Guichot señala que ahora también sería el momento de desarrollar “otros temas del gobierno abierto”, como la evaluación de las políticas públicas, la regulación de los grupos de interés o lobbies, la regulación de la desinformación, la lucha contra la corrupción y la protección al denunciante.

No obstante, otra de las demandas con respecto a la información del poder ejecutivo es la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que se encuentra en un estado “bastante avanzado”, y que el profesor de la Universidad de Sevilla ha señalado especialmente como “un golpe a la transparencia” y según él, “nos situaría completamente fuera de cualquier contexto comparado”.

Sobre este aspecto, Guichot afirma que el Antproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 2022, “debería corregirse por completo”, y destaca negativamente la capacidad que se otorga a autoridades autonómicas y a altos funcionarios de la Administración para clasificar información, ya que esta norma “en el estado actual”, podría impedir que los ciudadanos “tuvieran conocimiento de información muy relevante”, concluye para Revista Haz.

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