La política española se relaja frente a la corrupción y se olvida de reforzar la transparencia
Según Transparencia Internacional España, descender un punto en un año no supone un “descenso estadísticamente significativo”, pero esta organización destaca que es una bajada continuada y esto indica la existencia de un riesgo latente de la corrupción, debido a que no se están tomando las medidas adecuadas.
En 2022, la presidenta de Transparencia Internacional España, Silvina Bacigalupo, afirmó que el Gobierno tenía pendiente implementar reformas legislativas de manera “seria y efectiva”, además de trabajar en agendas “más ambiciosas” con respecto a la prevención y riesgo del fraude [vid. Las barreras para que España no avance en la lucha contra la corrupción].
Durante el año que ha transcurrido, parece que todavía quedan asignaturas pendientes y que las acciones llevadas a cabo por el Gobierno español no han sido suficientes, como demuestran las advertencias del Parlamento Europeo sobre la rendición de cuentas de la gestión los fondos Next Generation.
Sobre este aspecto cabe señalar que, recientemente, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Monika Hohlmeier, durante su visita de observación en Madrid aseguró que “sigue faltando transparencia”, y pidió al ejecutivo español que garantizase que la legislación española siga el mismo principio de las instituciones europeas de “tolerancia cero sin excepciones” con respecto a la corrupción, en referencia a la reciente reforma del delito de malversación.
Revista Haz habla con Jesús Lizcano, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, siendo además cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España, para que explique cuáles son las claves de por qué nuestro país continúa estancado en la lucha contra la corrupción, e incluso, ha dado pasos hacia atrás.
Displicencia política
En primer lugar, Lizcano asegura que en los últimos años se ha producido una cierta “relajación” en la sociedad española en cuanto a su nivel de preocupación por la corrupción, y señala a la clase política como uno de los principales protagonistas en desplazar esa preocupación de sus prioridades.
Los resultados de amplias encuestas sociales, como es el Índice de Percepción de la Corrupción, muestran las consecuencias de esa “despreocupación” política y social, según explica el catedrático de la UAM, y afirma que “uno de los exponentes de esta cierta displicencia política” es el hecho de que parece que los políticos han olvidado retomar el importante Proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción, promovido por el partido Ciudadanos, que se llegó a publicar como proposición de ley en el Boletín de las Cortes en septiembre de 2016, cuyo nombre completo era “Ley contra la corrupción y protección de los denunciantes”.
Este proyecto, que iba a modificar el contenido de nueve leyes “realmente importantes”, considera Lizcano que ha quedado en el olvido y que a nadie le interesa volver a controlar y penalizar la corrupción. “Esperemos que haya en el futuro una mayor concienciación para este problema, y que se haga un mayor cerco social, político y legal respecto a esta importante cuestión”.
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En este sentido, en relación con el problema de la corrupción, el citado desinterés o displicencia política, no es exclusivo de uno u otro partido político, pues el expresidente de TI-España indica que es “un fenómeno compartido” por la masa política actual, y echa de menos que alguna de las formaciones con representación parlamentaria se convierta en “adalid de la recuperación de la lucha contra la corrupción”.
De este modo, se volvería a incluir la transparencia y la persecución del fraude en la agenda legislativa española “de forma prioritaria”, retomando así proyectos normativos que han quedado en el olvido político, como el anteriormente citado Proyecto de ley integral de lucha contra la corrupción.
En opinión de Lizcano, “si alguno de los partidos tomase las riendas para proponer esta reanudación legal para combatir la corrupción, tendría el agradecimiento de los ciudadanos, e incluso, le reportaría ciertos réditos electorales”.
Refuerzo legal y, sobre todo, educación social
Para salir del estancamiento, además del refuerzo legal que se señala anteriormente, el experto consultado asegura que entre las medidas “más efectivas” también está el desarrollo de campañas institucionales, que fomenten las conductas éticas y la penalización social de la corrupción en todos los niveles de la Administración, pues según explica Lizcano “todavía hay una parte de la población que se muestra bastante laxa con las conductas corruptas y/o no éticas”.
Lizcano cree que se ha producido una cierta “relajación” en el nivel de preocupación de la sociedad española por la corrupción y señala a la clase política por desplazar este tema de sus prioridades.
Otra medida a tener en cuenta por parte del Estado sería la cautela sobre algunas normas legales, por ejemplo, siendo “más cuidadoso” al conceder visas de ciudadanía a algunos extranjeros a cambio de invertir en España grandes sumas de dinero, cuando el origen de ese capital no queda claro en muchos casos.
Sobre este aspecto, Lizcano explica que durante una reunión que mantuvo con los embajadores de los cuatro países escandinavos hace unos años, tuvo la ocasión de contrastar que “lo más importante” para evitar las conductas corruptas por parte de los ciudadanos es el tipo y el nivel de educación con respecto a este tema. De este modo se conseguiría impulsar “una convicción de rechazo tan claro, como natural, respecto a las conductas corruptas y moralmente indebidas”.
El académico en Economía y Finanzas afirma que España debería integrar los temas éticos y de transparencia “en todos los niveles de la educación”, para que los ciudadanos desde edades muy tempranas tengan “una aversión natural” sobre este tipo de conductas indebidas, como ocurre de manera general en los citados países, que siempre muestran los mayores niveles de transparencia y están a la vanguardia de la lucha contra la corrupción.
Compromiso transversal con la transparencia
Asimismo, Lizcano señala que en los últimos quince o veinte años se han dado “pasos importantes” por parte de la sociedad civil española, logrando que la transparencia se integre en las instituciones públicas y privadas, por lo que considera necesario que no se pierda este rol social de las organizaciones pro-transparencia, para seguir fomentando ese “efecto positivo” en las instituciones políticas y entidades públicas, así como en los distintos niveles de la Administración: central, autonómica y local.
Su deseo es que España retome “la senda del crecimiento” en las puntuaciones y posiciones del Índice de Percepción de la Corrupción, y para ello cree necesario que se cumpliese totalmente con los compromisos asumidos en la Cumbre anticorrupción de Londres en 2016, así como llevar a cabo las propuestas contra la corrupción que Transparencia Internacional propone desde hace años, tanto para prevenir las malas prácticas en la política y a nivel institucional, como las medidas de control social y sanción contra la corrupción.
“Es fundamental que exista una absoluta transparencia en la llegada, la administración y el destino de los fondos europeos Next Generation”, Jesús Lizcano.
“Aunque algunas medidas se han ido cumpliendo, hay otras muchas que están pendientes por parte de los poderes políticos y los responsables públicos de este país”, asegura Lizcano a Revista Haz.
Por otra parte, la llegada de los fondos Next Generation ha supuesto una exigencia añadida de transparencia para la Administración española, y el catedrático de la UAM afirma que es fundamental que “haya una absoluta transparencia en la llegada, la administración y el destino” de estos fondos.
En este sentido, Lizcano cree que sería “imprescindible” que se difunda información de manera amplia, detallada y accesible para cualquier ciudadano mediante la página web, y que se recoja en tiempo real todos y cada uno de aquellos fondos y partidas que han ido llegando, con detalle de los proyectos financiados, quién los está repartiendo y utilizando, así como los efectos positivos sociales y económicos que en cada caso están originando en los distintos territorios, sectores, instituciones y colectivos sociales de España.
De momento, el portal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia no tiene este nivel de información, ni es lo suficientemente amplia y detallada en tiempo real. “Si se consiguiese esto, sería difícil que la Unión Europea nos calificarse como poco transparentes”, concluye el cofundador de TI-España.
