Cómo ayudan las TIC a reforzar la transparencia pública - Revista Haz

Cómo ayudan las TIC a reforzar la transparencia pública

Automatización, portales y acceso sin límites físicos son las principales ventajas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aportan al avance de la transparencia, pero está pendiente superar la brecha digital y la interoperabilidad, es decir, mejorar la coordinación entre el maremágnum de sistemas que almacenan los datos públicos.

Si la máquina de vapor revolucionó el transporte en el mundo, Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han modificado la forma de relacionarse entre las personas, llevando a la sociedad a la cuarta revolución industrial. Gracias a la conexión a la red se puede acceder a casi todo tipo de información sin la limitación del espacio físico.

Con la implantación de los teléfonos móviles inteligentes, los entornos digitales se han convertido en una parte muy importante de la vida de las personas, como muestra el estudio Digital 2023: Global Overview Report. Cada día, los internautas pasan aproximadamente seis horas y media conectados, ya sea por trabajo o por ocio, y más del 60% de la población mundial está conectada a la red y utiliza las redes sociales.

No obstante, las facilidades que ofrecen las herramientas digitales no se han implementado de la misma manera, ni al mismo nivel, en todos los ámbitos de la sociedad. Así como es posible comprar casi cualquier cosa de manera online o conocer gente que vive a miles de kilómetro de distancia, la relación con las Administraciones públicas sigue presentando algunos obstáculos, por ejemplo, solo el 28% de la población española dispone de algún certificado digital, imprescindible y necesario para solicitar información pública a través de los portales de transparencia.

Revista Haz habla con Sergio Jiménez, consultor en Administración Digital, y Juan Romero Raposo, hacker cívico y fundador de Openkratio, para conocer los detalles de cómo las instituciones públicas se han abierto gracias a la TIC y cuáles son los retos que afrontan para garantizar, entre otros aspectos, el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública en una sociedad cada vez más digitalizada.

¿Se puede ser transparente sin las TIC?

La respuesta de ambos expertos es que “sin duda se puede”, como han demostrado los países que implementaron sus leyes de transparencia antes de la aparición de Internet, pero el coste y los obstáculos son mayores. En este sentido, Romero afirma que sería más caro y difícil para todas las partes, tanto para quien solicita información como para quien transparenta y publica.

El experto señala que el impacto de las TIC ha permitido a las Administraciones ahorrar costes, espacio de archivo, agilizar la gestión y conservación de la información, así como la forma de comunicarse gracias al desarrollo creativo y la posibilidad de hacer gráficos que facilitan la comprensión de datos y contenidos complejos como son los presupuestos, la contratación y los datos estadísticos.


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Por parte del receptor, las facilidades se centran en el acceso y la solicitud de información sin el inconveniente del desplazamiento a una oficina, al igual que la cantidad y volumen de contenidos disponibles. Según Romero: “se ha democratizado el acceso, el tratamiento y el seguimiento de la información, ya que por vía analógica estaríamos mucho más limitados y antes casi estaba reservado a equipos de trabajo, mientras que ahora es más fácil para la sociedad civil”.

Asimismo, Jiménez coincide en que la tecnología ha aumentado la capacidad de distribución y de acceso a la información pública, llegando a más gente de manera más económica e “indiscriminada”, sin la necesidad de la intervención directa de los medios comunicación.

No obstante, advierte que el aumento de la oferta de información es igual tanto si es verdadera o falsa, de manera que la distinción entre “lo relevante, lo irrelevante, lo cierto y lo falso es más difícil, y supone un reto para los agentes públicos, tanto en claridad como en el etiquetado de su información”.

El consultor de Administración Digital señala que también es importante tener en cuenta “el modelo de transparencia” que se quiera implementar, ya que si es más “proactivo” resulta más difícil hacer llegar mensajes reales y verdaderos a un gran público sin el papel de las tecnologías, mientras que una transparencia de tipo más reactivo, como los modelos anglosajones (y más similares a la norma española), no es tan importante de cara al público, pero es una herramienta muy útil para dar mejores respuestas y más rápidas.

"Con las TIC se ha democratizado el acceso, el tratamiento y el seguimimiento de la información", Juan Romero Raposo.

Los bugs de la revolución digital para la transparencia

Cómo se utilizan las herramientas es fundamental para su éxito y, por este motivo, hay que tener presente cuáles son sus ventajas e inconvenientes. Sobre las TIC en la cultura de la transparencia, los expertos consultados destacan estos tres puntos clave:

1- Brecha digital. Tanto Romero como Jiménez coinciden en que el problema no es la conectividad, pues la mayoría de las personas en España tienen conexión a Internet mediante algún dispositivo electrónico. Sin embargo, en opinión de Jiménez el gran problema está en la parte más operativa: el posible desconocimiento de la mayoría del público de saber qué hacer, cuándo y cómo en términos administrativos, es decir, que la dificultad reside en el cruce entre la norma de transparencia y la complejidad de las Administraciones españolas.

Por su parte, Romero señala que sigue habiendo un problema en referencia a la cantidad y complejidad de la información que no puede ser comprendida fácilmente, siendo fundamental la voluntad de las instituciones para que resulte cómoda, entendible y trazable para los usuarios. “La gestión de la información sigue siendo uno de los problemas importantes en ingeniería de las tecnologías de la información, porque no es fácil ordenarla de manera que la comunicación sea sencilla”.

2- Información sin digitalizar. A veces parece que la información que no está digitaliza está al margen de las obligaciones de transparencia, pero Jiménez explica que este tipo de información no está fuera de la norma, aunque existe la posibilidad de caer en el vicio de la reelaboración para desestimar la respuesta. Según Jiménez “es ahí donde entra el papel de los órganos garantes de la transparencia para evitar estos abusos” y que las instituciones faciliten el acceso de manera que no suponga un sobreesfuerzo.

3- Portales de transparencia. Ambos expertos valoran positivamente el esfuerzo que supuso abrir el Portal de Transparencia estatal. Sin embargo, consideran que tiene aspectos que mejorar como es la interoperabilidad de los contenidos. Jiménez explica que debe haber una mayor flexibilidad a la hora de crearlos y aligerar la vía de derecho de acceso para ser más rápidos.

Asimismo Romero afirma que, en términos de comunicación, el Portal no permite saber cómo funciona nuestra Administración y, por lo tanto: “Le queda muchísimo por recorrer para tener una mayor integración con los distintos portales de datos -de todo tipo-, al igual que simplificar el proceso de tramitación de las peticiones de acceso a la información pública”.

Para Sergio Jiménez, un problema es el posible desconocimiento por los ciudadanos de qué hacer, cuándo y cómo en términos administrativos, es decir, la dificultad reside en el cruce entre la transparencia y la complejidad de las Administraciones públicas.

Retos pendientes

Además de los avances señalados, la cultura de la transparencia debe afrontar el desafío que plantean las inteligencias artificiales, ya que van a modificar nuevamente los procesos comunicativos. El hacker cívico señala que “estamos inmersos en un tremendo cambio, porque todavía no hemos llegado a desarrollar todo lo que nos puede ofrecer la tecnología”, haciendo referencia al uso de técnicas y modelos de aprendizaje profundo que permiten, por ejemplo, analizar con intensidad las interactuaciones para detectar prácticas de corrupción.

No obstante, el reto más destacado por Romero es “la soberanía de las Administraciones públicas” en referencia al manejo y publicación de sus propios contenidos, es decir, el experto considera que es peligroso delegar el poder sobre la infraestructura que gestiona la información pública, como en los casos de portales o herramientas digitales en manos privadas, cuando existen soluciones de software libre que “son igual o incluso superiores a sus alternativas privativas”.

Además, Romero señala que se han gastado muchos recursos en soluciones tecnológicas muy efímeras que se podían haber solucionado con la utilización de software libre, permitiendo armonizar la interoperabilidad entre portales de la Administración y el aprovechamiento de los trabajadores públicos, lo cual hace “más fácil, más barato, más útil, e incluso más potentes” tanto el desarrollo como el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

Otro aspecto destacado por el hacker cívico son las apps desarrolladas por “moda”, pero que han supuesto multiplicar los esfuerzos debido a que había que adaptarlas a los diferentes sistemas operativosAndroid o Apple o Blackberry-, además del formato web. “En este sentido, lo deseable sería desarrollarlo todo para la web con estándares abiertos y así los contenidos pueden ser consumidos por todos los dispositivos”.

Sobre este tema, Jiménez se alinea con Romero y considera que “debería ser un imperativo ético en la gestión pública que el software sea libre o al menos de fuente abierta, aunque se contrate”, con el fin de garantizar de una manera también transparente que la tecnología cumple con el objetivo para el que se ha desarrollado.

Finalmente, el consultor concluye con la posibilidad de crear servicios personalizables y más específicos por parte de las diferentes agencias públicas y la creación de soluciones transversales que permitan las acciones cruzadas entre ellas, siendo “la tendencia que están desarrollando otros países y que parece funcionar, como es la Carpeta Ciudadana”. Esta opción supone la creación de un espacio “personal” online que permite simplificar la relación del ciudadano con las Administraciones públicas, lo que mejoraría la transparencia y control de la información en manos de entidades públicas, pero este desafío todavía está pendiente de abordarse en España.

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