La Oficina Anticorrupción balear recibe el apoyo de 27 organizaciones civiles

27 organizaciones de la sociedad civil han publicado una declaración conjunta en contra de la posible eliminación de la Oficina de de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares.
HAZ23 noviembre 2023
<p>En el centro, Tòfol Milan, director de la Oficina Anticorrupción de Baleares durante unas jornadas. Foto: Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares.</p>

En el centro, Tòfol Milan, director de la Oficina Anticorrupción de Baleares durante unas jornadas. Foto: Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares.

La declaración -firmada por Transparencia Internacional España, Hay Derecho, Political Watch, Access Info Europe y +Democracia- comienza manifestando que “la corrupción sigue siendo una importante preocupación en múltiples ámbitos del espacio público y privado y es una de las principales prioridades de la Unión Europea en estos momentos”, y subraya que “eliminar las Oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción a nivel autonómico es una medida que debilita el Estado de derecho”.

Las organizaciones firmantes de la declaración, a la que además se han adherido otras 22 organizaciones civiles, señalan que la supresión de estas oficinas es contraria a los compromisos asumidos por parte todos los Estados Parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), además de a algunos Objetivo de Desarrollo Sostenible y a la política anticorrupción de la UE.

Por todo ello, estas organizaciones expresan que “la proposición de Ley registrada en el Parlamento Balear el pasado día 9 de octubre que pretende la eliminación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears es preocupante no solo por el significado político de esta medida, sino también por lo que dicha propuesta supone en términos del alejamiento de la política europea en esta materia”.

Destacan que las oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción autonómicas son organismos especializados destinados a reforzar las buenas prácticas de la Administración pública y son plenamente compatibles con los órganos de control existentes, con los que se coordinan y complementan, sin que en ningún caso se estén compartiendo o duplicando sus competencias, expresan.

En la declaración formulan cuatro peticiones: que se retire, o eventualmente se rechace, la proposición de Ley; que se promueva y garantice la participación de la sociedad civil en todo proceso de adopción y debate de medidas y políticas para la prevención y la lucha contra la corrupción; que se respete y garantice la independencia de los organismos autonómicos de prevención y lucha contra la corrupción y se les asigne suficientes recursos humanos, financieros y técnicos y tecnológicos, y que  las funciones de protección de las personas informantes de las Autoridades Independientes de Protección previstas la llamada Ley del informante sean asumidas en el ámbito territorial por las Oficinas de Prevención y Lucha contra la Corrupción ya existentes .

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