La acción colectiva como herramienta contra la corrupción

La corrupción sigue siendo uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico y social que, además de socavar la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, distorsiona los mercados y afecta de forma desproporcionada a los más vulnerables.

Delitos como el soborno, el cohecho, la connivencia, el fraude, los pagos de facilitación, o la manipulación de licitaciones son un problema global que no puede ser abordado por un solo país o un solo actor y requiere una respuesta multilateral que adopte la forma de un enfoque de toda la sociedad.

Todas las partes interesadas deben actuar colectivamente para hacer frente a la corrupción con eficacia, avanzar en la integridad de las empresas y lograr una economía mundial más transparente tal y como resalta el informe Uniting against corruption: A Playbook on Anti-Corruption Collective Action, realizado por el Global Compact de las Naciones Unidas.

A pesar de la condena prácticamente universal, la corrupción continúa presente en nuestro entorno. En el caso del sector privado, los esfuerzos se centran tradicionalmente en el desarrollo y la aplicación de programas internos de lucha contra la corrupción en respuesta a las normas y los marcos legales y reglamentarios internacionales y nacionales, pero ello no es suficiente.

Con el objetivo de mejorar la actual situación y mediante un enfoque de seis pasos y la profundización en los roles clave a lo largo del proceso de la acción colectiva, el documento del Global Compact permite hacer un diagnóstico claro del panorama local de corrupción, identificar e involucrar a las partes interesadas y aplicar la metodología de la acción colectiva para abordar los desafíos de la corrupción identificados y mitigar los posibles riesgos empresariales.

Luchar contra la corrupción, negocio para las empresas

Las empresas que actúen contra la corrupción y respondan a las recomendaciones del documento pueden obtener beneficios como mayores posibilidades de ser seleccionadas como proveedor, un mayor acceso a los mercados, un mejor diálogo con los reguladores, inversores y organizaciones de la sociedad civil, o un mejor acceso al capital y a los préstamos.

Todo ello además del lógico ahorro de costes que antes se pagaban como sobornos, la protección frente a sanciones legales, y el aumento del nivel de reputación corporativa y la moral y compromiso de los empleados.

Para lograr erradicar la corrupción, el Global Compact recomienda cuatro formas de acción colectiva.

El primer tipo de acción colectiva son las declaraciones anticorrupción. Son compromisos públicos y voluntarios en los que los firmantes se comprometen conjuntamente a no incurrir en corrupción durante un proyecto o una transacción específica, con el objetivo de abrir un espacio para debatir con franqueza los diferentes riesgos de corrupción que experimentan las empresas de forma individual y también en general dentro del sector.

La discusión de estos temas críticos permite establecer colectivamente expectativas de comportamiento para todos los actores del grupo.

Para lograr erradicar la corrupción, el Global Compact recomienda cuatro formas de acción colectiva.

Por su parte, las iniciativas basadas en principios son acuerdos voluntarios a largo plazo en torno a normas comunes en los que las partes interesadas se comprometen a no incurrir en corrupción en sus actividades cotidianas dentro del sector, la comunidad empresarial en general o incluso a nivel nacional.

A veces puede haber un objetivo adicional de incentivar al gobierno para que empiece a aplicar las tan necesarias leyes y normas anticorrupción, o para que se ajuste a las normas regionales o mundiales. Este tipo de iniciativa permite un proceso lento y a largo plazo de creación de confianza entre competidores de muchos tipos y tamaños (por ejemplo, empresas multinacionales, grandes empresas locales y pymes).

Pactos y coaliciones anticorrupción

Los pactos de integridad son otro tipo de acción que se traduce en la creación de un mecanismo para que una entidad pública o un grupo de entidades colaboren con grupos de la sociedad civil. Pretenden garantizar que las autoridades y los licitadores actúen dentro de las limitaciones establecidas por la ley, aborden los riesgos de corrupción y fomenten la confianza pública en un determinado proyecto de contratación.

A través de un acuerdo público, las partes implicadas se comprometen a abstenerse de comportamientos corruptos y a aumentar la transparencia y la responsabilidad durante todo el proceso. Por lo tanto, en el acuerdo se incluye un mecanismo independiente dirigido por grupos de la sociedad civil para supervisar el cumplimiento.

Una herramienta adicional para la contratación pública limpia que adopta un enfoque de Acción Colectiva, y que puede incluir un pacto de integridad, es el llamado Mecanismo de Información de Alto Nivel.

Como último tipo de acción colectiva destacan las coaliciones de empresas certificadoras. Estas son iniciativas de integridad empresarial de ámbito sectorial y general a largo plazo en las que se aplican requisitos previos relacionados con el cumplimiento de la normativa, para obtener la condición de miembro y formar parte de la iniciativa.

Las condiciones para convertirse en miembro y mantener la afiliación se comprueban mediante procesos de control y auditoría externos, que evalúan el éxito en la aplicación de las normas acordadas y definidas por la coalición para medir el cumplimiento. Los acuerdos establecen los procedimientos bajo los cuales se llevarán a cabo las auditorías.

Tras una auditoría satisfactoria, las empresas participantes pueden certificarse, lo que puede incluir beneficios específicos para estas empresas. Si una empresa no cumple las normas requeridas, puede ser objeto de exclusión.

Los pactos de integridad se traducen en la creación de un mecanismo para que una entidad pública o un grupo de entidades colaboren con grupos de la sociedad civil.

Los roles y pasos necesarios para la acción colectiva

En el resto del documento del Global Compact se desgranan los principales pasos externos que hay que tener en cuenta para introducir, desarrollar y aplicar una acción colectiva.

Estos pasos principales incluyen cómo y cuándo celebrar el primer encuentro y las reuniones posteriores, la creación de estructuras de gobernanza, el diseño de la forma y el contenido de la iniciativa y los diferentes pasos de implementación hasta su firma, y el despliegue de sus actividades previstas.

Uno de las claves para poder desarrollar una acción colectiva es la identificación de los seis roles de las organizaciones participantes.

El Global Compact considera que los roles a implementar son:

  • Iniciador. Persona u organización que da los primeros pasos en la dirección de la posible creación de una acción colectiva.
  • Facilitador. Un tercero neutral que reúne a las partes interesadas, proporcionando orientación y apoyo a la acción colectiva.
  • Participante. Persona u organización que participa en la acción colectiva, ya sea asistiendo a talleres, aportando recursos, etc.
  • Experto independiente. Encargado de evaluar el progreso de la acción colectiva y de supervisar si los participantes cumplen con las normas y reglas acordadas, según sea necesario.
  • Anfitrión. Organización que proporciona gratuitamente o a coste reducido instalaciones, recursos administrativos y humanos, facilita la comunicación y los canales de comunicación y/o ayuda a apoyar o acompañar la búsqueda de nuevos financiadores.
  • Administrador. Persona u organización que se encarga de la administración general de la acción colectiva.

A través de diferentes capítulos, el informe profundiza en los tipos específicos de actores que pueden desempeñar estos papeles, las habilidades recomendadas necesarias para ocupar estos puestos, así como los incentivos que pueden tener y los retos que pueden encontrar al desempeñar estas funciones.

Por último, pero no menos importante, también explica cómo sostener y ampliar las iniciativas de acción colectiva en el tiempo, incluyendo cómo hacerlas financieramente sostenibles y cómo mantener el compromiso de las partes interesadas.

Comentarios

  1. Con más de 15 años presentando licitaciones de toda índole, y sin alarmar a nadie, la mayoría de los procesos de licitación tienen mucha transparencia. Ahora más con la nueva plataforma de contratación del estado.
    Un 5% de los procesos tienen alguna «irregularidad». Normalmente, la evaluación por medios subjetivos suele ser la causa de manipulación de puntuación en licitaciones.

    Es una lacra de este y de muchos países, ya que muchos funcionarios ven el dinero público, es dinero «gratis».
    A lo largo de la historia hemos podido ver que las empresas públicas son muy poco eficientes frente a la empresa privada, si bien es verdad, que muchos empresarios privados aprovechan licitaciones para sacar alguna que otra «tajada».

    Sin ánimo de ofender a funcionarios ni a políticos, nos iría mejor con un sistema más transparente, democrático y que no se valore el precio como único objetivo.

    Saludos de jyringenieros.com