El 93% de las universidades públicas son transparentes, mientras las privadas se estancan en el 23%

Según un informe de la Fundación Haz, las universidades públicas sacan bastante ventaja a las privadas en cuento a transparencia. Frente al progreso de las públicas, los centros privados no terminan de despegar, con solo seis universidades de un total de 26 calificadas como transparentes. En el caso de las públicas, el área que más mejora es la relativa al consejo social, reflejando los avances en buen gobierno.
HAZ28 noviembre 2023

El informe de transparencia y buen gobierno de las universidades españolas, Examen de transparencia 2023 , que cumple su undécima edición, refleja una mejoría generalizada de las universidades públicas y un estancamiento de las privadas.

El documento, elaborado por la Fundación Haz, reconoce el progreso en la transparencia de los centros públicos, con 46 de 49 de ellos (el 93%) considerados transparentes y, por segundo año consecutivo, ninguno calificado como opaco. Unos resultados que contrastan con los de las universidades privadas pues solo 6 de 26 (un 23%), el mismo porcentaje que en las dos ediciones anteriores, obtienen el calificativo de transparente, siete son opacas y el resto translúcidas.

Las universidades privadas, aunque en el informe de este año se aprecia una ligera mejoría en algunas áreas, siguen presentando grados de transparencia muy bajos, siendo el área económica de nuevo la más opaca. No llega a un tercio el número de privadas que publica en la web este tipo de información, lo que resulta “alarmante”, según el informe. El indicador económico más incumplido es el de la auditoría externa, que solo cumple el 30%.

Por otra parte, se confirma lo que ya se venía apuntando en análisis anteriores: transparencia y configuración jurídica están correlacionadas. De las siete universidades privadas consideradas opacas, en cinco (IE Universidad, Universidad a Distancia de Madrid, Universidad Alfonso X el Sabio, Universidad Europea de Madrid y Universidad Europea Miguel de Cervantes) el titular es una sociedad mercantil.

“El mensaje que indirectamente transmiten los órganos de gobierno de estas universidades, consciente o inconscientemente, es que la actividad de educación superior es un negocio muy lucrativo para sus titulares y, por tanto, cuanta menos información económica proporcionen, menos probabilidades habrá de que alguien cuestione los medios para obtener y distribuir esos beneficios”, apunta el documento.

El informe de la Fundación Haz  analiza la información que publican de manera voluntaria en la web las 49 universidades públicas y 26 privadas españolas, acerca de su personal, gobierno, consejo social (públicas), titularidad (privadas), oferta y demanda académica, información económica o resultados, entre otros.


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Avances en la gobernanza de las universidades públicas

En el caso de las universidades públicas, los resultados reflejan que siguen progresando en sus grados de transparencia en la web y, lo que resulta más relevante – subraya la publicación-, en sus prácticas de buen gobierno.

Todas obtienen la calificación de transparente y solo tres la categoría de translúcidas, lo que se atribuye a que han publicado el informe de auditoría o de fiscalización con más de tres años de retraso. “No puede calificarse de responsable a un órgano de gobierno que permanece indiferente ante un retraso de esta naturaleza. Además, siempre tiene la posibilidad de contar con una opinión externa, independiente y actualizada sobre la situación financiera y patrimonial de la universidad”, señala el informe.

Por otra parte, se destaca una “clara mejoría” en los indicadores relativos al consejo social, que han pasado de un 51% de cumplimiento global a un 70%. “Este incremento refleja el esfuerzo que se está haciendo desde este órgano para incorporar determinadas prácticas de rendición de cuentas en su trabajo. Aunque todos los indicadores de información son importantes, los relativos al funcionamiento del consejo social son particularmente críticos porque evalúan la existencia de prácticas que fortalecen el sistema de gobernanza y rendición de cuentas de la universidad a la sociedad”, apunta Javier Martín Cavanna, coautor del informe.

Evolución privadas
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<p>En este gráfico se aprecia la evolución en los últimos años de la transparencia de las universidades privadas. El número de centros transparentes crece para estancarse después.</p>

En este gráfico se aprecia la evolución en los últimos años de la transparencia de las universidades privadas. El número de centros transparentes crece para estancarse después.

Evolución públicas
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<p>En este otro gráfico se puede ver cómo evolucionan las universidades públicas, cuya transparencia ha mejorado significativamente en los últimos años.</p>

En este otro gráfico se puede ver cómo evolucionan las universidades públicas, cuya transparencia ha mejorado significativamente en los últimos años.

Tres nuevos indicadores sobre ética y cumplimiento

La necesidad de reforzar las labores de supervisión y rendición de cuentas del consejo social ha venido confirmada por la publicación este año de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que ha atribuido al consejo social la nueva responsabilidad de velar por el cumplimiento, la ética y la integridad universitaria.

Según los autores del informe, se trata de un reto enorme que, en la actualidad, excede las capacidades, recursos y conocimientos con los que cuentan los consejos sociales, pero es un desafío que no se puede obviar porque se trata de un mandato legal.

Estas nuevas responsabilidades otorgadas al consejo social han llevado a la Fundación Haz a incorporar tres nuevos indicadores relativos a la función de cumplimiento, con el fin de facilitar y orientar a los consejos sociales en el cumplimiento de esta nueva tarea. Uno de ellos hace referencia a la necesidad de que la universidad haga público su código ético o de conducta; además, deberá identificar al responsable o unidad de cumplimiento, con sus competencias; por último, deberá contar con un canal ético abierto a todos sus grupos de interés en el que se puedan realizar denuncias de forma anónima y protegiendo a los informantes, o plantear consultas sobre cuestiones de cumplimiento.

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